El sector industrial carabobeño no solo se enfrenta a las dificultades derivadas de la pandemia de COVID-19. También debe sortear otros problemas como la escasez gasolina, gasoil o gas, la falta de materia prima y la inseguridad. Se trata de un conjunto de factores que le impide a las pocas compañías operativas tener continuidad en su producción.
Luego de al menos siete años de recesión económica, con el inicio de la pandemia en el país, en marzo del año pasado, el ya mermado porcentaje de pequeñas y medianas empresas que se mantenían operativas en la entidad se redujo todavía más. Solo un 20%, perteneciente a rubros priorizados (alimentos, medicinas y químicos) están trabajando, y lo hacen a 12% de su capacidad instalada.
“En nuestro sector, a partir de la pandemia, hemos estado trabajando con unos porcentajes muy bajos”, aseguró el vicepresidente de la Cámara de Pequeños-Medianos Industriales y Artesanos de Carabobo (Capemiac), Antonello Lorusso. “Ya veníamos con siete años de recesión económica en los que habían cerrado muchas empresas y en este momento, aunado a la pandemia, tenemos una crisis grave en servicios públicos”.
Carabobo, que agrupa la mayor cantidad de parques industriales del país, no escapa de la crisis generalizada de los servicios: desde la electricidad, el agua y las comunicaciones, hasta la distribución y venta de combustible. Todos presentan fallas severas. Según Lorusso, la falta de gasolina y gasoil para los vehículos ha hecho cuesta arriba para los industriales transportar la producción hacia los establecimientos de sus clientes finales.
Además, durante el último trimestre de 2020 se agudizó la escasez de gas industrial, al punto en que durante diciembre se les hizo “imposible” equipar sus montacargas y otras maquinarias. “Muchas empresas se han visto en la necesidad de transformar las maquinarias que trabajaban con gas a otro tipo de combustible alternativo, lo que incrementó sus costos e hizo mucho más lentos los procesos productivos”.
Otro obstáculo al que deben hacer frente es el esquema de cuarentena y flexibilización 7+7 impulsado por el gobierno, que también está siendo aplicado este año, y solo les permite laborar a las empresas que no pertenecen a los sectores priorizados 15 de los 30 días del mes. A juicio del representante gremial, esto impide que exista continuidad de producción y planificaciones a largo plazo.
El año pasado, durante los días de cuarentena radical de acuerdo al esquema de 7+7, detalló que tuvieron numerosos incidentes con las autoridades, “porque han llegado a varias empresas que han estado trabajando a media asta y les han aplicado sanciones indebidas”.
La falta de materia prima también incide en la paralización de las pequeñas y medianas industrias carabobeñas, sostuvo el vocero de Capemiac, ya que aunque pueden importarla, los aranceles son demasiado elevados y los dejan sin la posibilidad de competir con los productos importados, que ingresan al país libres de impuestos. Sobre todo en el rubro de alimentación.
Al resto de las problemáticas que afectan al sector se le suma la inseguridad. En los últimos meses las empresas de varios de los afiliados e incluso la propia sede de Capemiac han sido víctimas de robos. Lorusso lo atribuye a que los funcionarios de los cuerpos de seguridad están concentrados en las distintas alcabalas desplegadas en todo el territorio carabobeño y han dejado de hacer los recorridos pertinentes.
