En letra muerta se han convertido decretos y reglamentos que el Estado venezolano aplicó paulatinamente a los parques nacionales, únicos en su biodiversidad, desde que los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro permitieron violentar esos espacios naturales para el disfrute y la explotación comercial de unos pocos privilegiados.
El caso de la “megarrumba” en el tepuy Kusari impulsó al exministro del Ambiente Arnoldo Gabaldón a destacar que “pisando la vegetación o ahuyentando la fauna ya se quiebra la dinámica rutinaria natural”.
El próximo 12 de junio, el Parque Nacional Canaima, de 30 mil kilómetros cuadrados de extensión, cumplirá 60 años de haber recibido la protección del Estado mediante decreto, y 30 años desde que el Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco lo declaró Patrimonio Mundial Natural de la Humanidad.
Sin embargo, a lo largo de los últimos años áreas al sur del estado Bolívar —y otras zonas del país que también están bajo resguardo del Estado por representar ecosistemas frágiles y ricos en biodiversidad— han sido centro de polémicas por su uso inapropiado y abuso, al extremo de estar en peligro por daños irreversibles.
Tal es el caso de la explotación del Arco Minero del Orinoco y la permisividad gubernamental en la explotación ilegal de oro, otros metales y tierras raras al sur del estado Bolívar.
País megadiverso a merced de los “privilegiados”
Venezuela es uno de los 17 países megadiversos en el mundo. Cuenta con 44 parques nacionales, 64 parques de recreación y 37 monumentos naturales. Hasta ahora, parece que no hay uno que se haya salvado en las últimas dos décadas por acción u omisión de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
De los parques nacionales algunos “privilegiados” sacan provecho de su explotación comercial, más allá del disfrute permitido y reglamentado. Existen abundantes denuncias públicas de ocupaciones y construcciones ilegales en zonas protegidas.
También se producen daños en áreas que tradicionalmente preservadas por los moradores y vecinos, como el Parque Henri Pittier (Aragua), que ha sufrido recientemente la depredación constante de sus árboles para convertirlos en leña, ante la carencia de combustible para uso doméstico.
La denuncia más reciente, presentada por la ONG SOS Orinoco y que se hizo viral en redes sociales, se debió a la fiesta de etiqueta, con vestidos de fiesta largos y corbatas, celebrada en la cima del tepuy Kusari, organizada por el empresario turístico y presidente del Grupo La Marea, Rafael Oliveros, director general de Campamento Canaima.
Al encuentro llegaron en helicóptero figuras como Titina Penzini, la relacionista pública Aura Marina Hernández, el llamado «zar de la belleza» Osmel Sousa, la exmiss Gabriela Ferrari, entre otros. Todo quedó registrado en redes sociales, aunque algunos borraron los videos una vez tomó vuelo el escándalo.
Turismo súper costoso y nocivo
Como referencia, un vuelo en helicóptero sobre el Salto Ángel y con aterrizaje en la cima —actividad permitida con ciertas restricciones— costaba, en septiembre de 2021, entre 450 y 550 dólares por persona —dependiendo del tipo de helicóptero— en viajes que requieren grupos de seis, según informó el youtuber Gabriel Herrera en su viaje que partió desde Wakü Lodge. Es decir, alrededor de 3 mil dólares, la misma cifra que una fuente protegida indicó a El Pitazo cuesta una hora de vuelo en helicóptero de los que se emplearon para la celebración en el tepuy Kusari.
Para la “megarrumba” sobre la cumbre protegida del Kusari, según el mismo medio, se hicieron 14 vuelos solo para llevar los equipos para la pernocta de más de 30 personas, que se cumplió en 14 carpas.
La actividad violó, entre otros, el artículo 20 del Reglamento Parcial de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio sobre Administración y Manejo de Parques Nacionales y Monumentos Naturales, Decreto N° 276, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.016 extraordinario.
Allí se estableció la prohibición y uso de vehículos aéreos; el campamento con pernocta; la producción de sonidos o ruidos por parte de los visitantes y que no podrá exceder los 57 decibeles a dos metros de distancia de la fuente sonora; actividades recreativas; el expendio, tenencia y consumo de bebidas alcohólicas.
Justicia tardía
Transcurridas 24 horas después del revuelo mediático fue cuando Tarek William Saab anunció que la Fiscalía investigaría los posibles daños causados en el tepuy Kusari y encomendó la tarea a la Fiscalía 87 Nacional en Defensa Ambiental.
Para ese momento, ni el ministro de Ecosocialismo Josué Lorca Vega ni la Guardería Ambiental de la Guardia Nacional, a quien por ley corresponde el resguardo del área en cuestión, habían hecho mención al caso.
Arnoldo José Gabaldón, exministro de Ambiente e Individuo de Número de dos academias nacionales —de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales y de Ingeniería y el Hábitat— explica que a lo alto de los tepuyes venezolanos existe un ecosistema único, en cuanto a la flora y fauna endémica. Argumenta que esto demanda el cuido más exclusivo porque no se repite en el resto del Macizo Guayanés.
Gabaldón asevera que tanto organizadores como asistentes violaron reglamentaciones vigentes que ordenan la preservación de los ecosistemas. “Unos fueron cómplices de los otros, porque los únicos que pueden haber afectado no fueron solo los organizadores”, dijo.
Lee la nota completa en Tal Cual.
