El Congreso de Perú aprobó que la Comisión de Justicia investigue a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ, máximo órgano de la judicatura), después de que este viernes se postergase el debate de una moción que pedía la destitución de los magistrados.
El pedido de investigación por una presunta «causa grave» había sido rechazado hace un mes, pero tras la aprobación de una petición de reconsideración presentado por su promotor, el legislador conservador Esdrás Medina, recibió 65 votos a favor, 25 en contra y 12 abstenciones.
De esa manera, la comisión tendrá diez días para investigar a la JNJ, un plazo que, en principio, solo será efectivo a partir del inicio de la siguiente legislatura, que comenzará en marzo de 2024.
El presidente del Congreso postergó el debate sobre destituciones
La decisión se tomó poco después de que el presidente del Congreso, Alejandro Soto, postergara el debate de la moción que planteaba la destitución de los miembros de la JNJ, tras la petición de sus magistrados de «un plazo razonable» para preparar su defensa.
«Se convocará en su oportunidad a los miembros de la Junta Nacional de Justicia en una nueva fecha, por única vez», informó Soto al pleno tras ordenar la lectura de dos oficios que envió la JNJ al Parlamento.
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Ante las protestas de los promotores de la solicitud de destitución, los legisladores ultraconservadores Alejandro Muñante y Jorge Montoya, Soto remarcó que aún no puede indicar una nueva fecha para el debate y votación porque aún debe entregar los oficios de la JNJ a los acusadores.
Añadió que estos deberán «precisar las faltas graves» que aseguran que cada miembro de la junta ha cometido y, por ese motivo, «hasta no tener eso no podemos tener una fecha».
Montoya se dirigió a periodistas para anunciar que iba a presentar una moción de censura contra el presidente del Congreso por haber tomado «una decisión arbitraria».
Montoya y Muñante acusan a la Junta de actos contrarios a la ley
La posible destitución de la JNJ es impulsada por Montoya y Muñante, que acusan a la Junta de «la flagrante comisión de actos contrarios a la ley» por haber suspendido a la magistrada Patricia Benavides como fiscal general del país en medio de un escándalo de corrupción en el Ministerio Público.
Esta medida fue tomada por la JNJ luego de que un equipo especial de fiscales anticorrupción y de la Policía Nacional de Perú (PNP) abrió una investigación a una presunta red de tráfico de influencias en el Ministerio Público.
La investigación se ha abierto a una presunta red acusada de influir «ilícitamente en decisiones de congresistas» para la destitución de los miembros de la JNJ, la designación del actual defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, y la inhabilitación de la ex fiscal general Zoraida Ávalos.
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