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Dayrí Blanco | @DayriBlanco07

El Gobierno pretende sustituir la democracia. Y lo hace en un ejercicio permanente de manipulación y propaganda a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de acuerdo a la Confederación de Industriales de Venezuela (Conindustria), institución que alertó que con las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional se encubre la destrucción del tejido económico, político y social de la nación, “eso resulta inadmisible”.

A través de un comunicado los integrante de la organización gremial enfatizó que solo el Poder Legislativo representa al pueblo de Venezuela. Las últimas decisiones del TSJ pretenden formalizar la usurpación de funciones que no le corresponden, desconociendo la separación y autonomía de los poderes públicos; en este caso de la Asamblea Nacional, fundamento del sistema político democrático escogido por los ciudadanos mediante su contrato de convivencia social denominado Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en diciembre de 1999.

El empresariado privado considera que el país vive una de las peores crisis de su historia republicana, “al punto que hoy día se presenta como un estado fallido, incapaz de garantizar la vida, la libertad, la propiedad y la producción de bienes para sus ciudadanos”. Las erradas políticas públicas aplicadas desde el año 2005, y acentuadas desde 2013, han arruinado el tejido de producción industrial y desintegrado la economía venezolana, degenerado en condiciones de inflación y escasez que niegan la calidad de vida de los venezolanos, degradados a la servidumbre de las largas colas que se aprecian en establecimientos de consumo de todo tipo de bienes y servicios.

Los funcionarios públicos que pretenden usurpar funciones de la representación popular expresada en la AN “pierden aquella poca legitimidad que les queda luego de obstruir el referendo revocatorio del mandato presidencial, mecanismo legal y legítimo dentro del sistema de escogencia y remoción de funcionarios públicos”.

Conindustria manifiesta su respaldo a la Asamblea Nacional, legítimamente electa el 6 de diciembre de 2015, donde quiera que ésta sesione, y que se encuentra con plenas facultades para ejercer sus obligaciones constitucionales; obligaciones que incluyen los consensos sociales que posibilitan un entorno dentro del cual, respetando el estado de derecho, se generen los equilibrios que requiere la economía y estimule la producción de bienes y creación de puestos de trabajo, por y para los ciudadanos venezolanos.

Con la sociedad, en su conjunto, “nos une la común necesidad de contribuir a la reconstrucción de nuestro país, en la conciencia clara de que todos debemos subordinar los intereses personales al bien colectivo para construir el camino que nos conduzca a la creación de una nueva nación, dentro de los principios de libertad, respeto y vida digna para todos.  Es por ello que promovemos un acuerdo social amplio para la inmediata celebración de elecciones libres, transparentes, sin restricciones, que renueven a todos los poderes públicos de elección popular”.

Conindustria exigió a la Fuerza Armada Nacional, representada en todos sus componentes y jerarquías, la obligación constitucional de defender la democracia. Que no se cierren los caminos que conducen a la reconstrucción de nuestra nación.  La sociedad está observando y juzgará a quienes contribuyan u obstruyan los mecanismos de recuperación nacional.

 




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