La Contraloría de oficialista de Venezuela instó este domingo a los organismos de defensa de derechos humanos a pronunciarse sobre la extradición a EE.UU. del colombiano Álex Saab, supuesto testaferro del presidente Nicolás Maduro y a quien el gobierno de Nicolás Maduro defiende como un diplomático.
«Hacemos un llamado a todos los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, el por qué no se pronuncian en relación a esta violación de los derechos humanos y del derecho internacional», dijo el contralor, Elvis Amoroso, tras rechazar la extradición de Saab.
Amoroso hizo esta exhortación a través de un vídeo difundido en la cuenta de Twitter de la Contraloría que también consideró como un «secuestro» la extradición de Saab.
«Es inaceptable que el Gobierno de los Estados Unidos después que el pueblo venezolano lo ha derrotado en todas sus pretensiones de sanciones, ahora quiera silenciar a los diplomáticos venezolanos aplicando secuestro como el caso del diplomático Álex Saab», dijo.
El empresario colombiano fue extraditado el sábado desde Cabo Verde a Estados Unidos, después de más de un año de su detención a solicitud de autoridades estadounidenses por supuesto lavado de dinero.
Saab está acusado de siete cargos de lavado de dinero y uno más de conspiración para cometer ese delito y además está sujeto desde mayo de 2019 a sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU.
Los fiscales consideran que lavó más de 350 millones de dólares para pagar corruptelas del presidente venezolano a través del sistema financiero estadounidense
La OFAC lo sancionó por su presunta participación en varias tramas de corrupción a gran escala en torno a la construcción de viviendas populares, distribución de alimentos a los más pobres y operaciones ilícitas con el oro venezolano.
Tras la detención de Saab en junio del año pasado, Venezuela aseguró que el empresario es un ciudadano venezolano y un «agente» del Gobierno que se hallaba «en tránsito» en Cabo Verde, por lo que sus abogados han sostenido que «tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela».
El Gobierno venezolano ha considerado la extradición de Saab como un «secuestro» e interrumpió el diálogo político con la oposición que comenzó en agosto en México.
