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La Corte Constitucional de Colombia avaló la noche del martes la reforma que implementa el acuerdo de paz con la guerrilla y ahora partido FARC, incluido el polémico sistema que juzgará los delitos más graves cometidos en el marco del conflicto armado.

El tribunal declaró la “exequibilidad” del trámite legislativo que apuntala el pacto firmado en noviembre de 2016 con la que fuera la guerrilla más poderosa del continente, según anunció a la prensa su presidente, Luis Guillermo Guerrero.

El fallo deja en firme la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema al que se someterán los guerrilleros y militares implicados en delitos de lesa humanidad y contra el Derecho Internacional Humanitario en el curso del enfrentamiento de medio siglo.

Quienes confiesen sus crímenes, reparen a las víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia podrán recibir penas alternativas a prisión.

Y en el caso de los exguerrilleros la corte dio visto bueno a su participación en política, siempre que cumplan con las obligaciones ante la JEP.

Corresponderá a este sistema “determinar la compatibilidad con la participación en política de las sanciones que ella imponga a los excombatientes”, señaló el tribunal en un comunicado.

Los magistrados se pronunciaron favorablemente sobre el acuerdo que permitió este año el desarme y transformación en partido de la guerrilla comunista, convertida ahora en Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

Sin embargo el Congreso, con una débil mayoría oficialista, deberá expedir en las siguientes dos semanas la ley que reglamenta la jurisdicción especial, columna vertebral del pacto que sacó de la guerra a 7.000 combatientes.

En un mensaje a la nación, el presidente Juan Manuel Santos calificó como “una gran noticia” la decisión de la corte y pidió al legislativo sacar adelante la norma.

A diez meses de dejar el poder, Santos enfrenta la rebelión de antiguos aliados que han maniobrado en contra de la ley, poniendo en riesgo su aprobación dentro del plazo que vence a fin de mes.

En ese sentido, enfatizó que “la paz de Colombia está ahora en la cancha del Congreso, y esperamos que el Congreso no les falle a los colombianos ni a las víctimas”.

De su lado, la FARC en su cuenta de Twitter saludó el fallo que da “vía libre” a la JEP. “La paz se impone al odio y la venganza. Un paso más para la reconciliación”, añadió.

El acuerdo de 2016 prevé en esencia que ese grupo se desarme, como ya ocurrió, y a cambio ejerza la política tras décadas de un conflicto con millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados, y que también involucra a otras fuerzas.

La oposición de derecha cuestiona las que considera concesiones a los rebeldes.

“Algunos pretenden –a estas alturas– que se les prohíba a las FARC hacer política sin antes haber sido juzgados y condenados por la JEP. Eso no fue lo que se pactó”, advirtió Santos.




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