La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, Parlamento unicameral) de Cuba calificó este lunes de «ejercicio politizado» el próximo debate en el Parlamento Europeo (PE) sobre los derechos humanos en la isla y acusó a sus promotores de responder a intereses de EE.UU.
La declaración de la Comisión de Relaciones Internacionales de la ANPP sostiene que los eurodiputados que han promovido el debate, programado para el próximo 16 de septiembre, «responden a la agenda de Washington».
«Los promotores de esta nueva maniobra no tienen autoridad moral para pretender erigirse en defensores de los derechos del pueblo cubano», afirma el texto, que subraya que «ellos no representan la opinión de la totalidad de los miembros del PE» y resalta el trabajo del Grupo Parlamentario de Amistad con la isla en ese foro.
Además considera que «debería ser motivo de preocupación para los ciudadanos y las propias instituciones de la Unión Europea (UE) la actuación reincidente de este grupo de legisladores, cuyo desempeño en estos temas se caracteriza por el doble rasero y el empleo intensivo de la mentira».
Escalada agresiva
Los parlamentarios cubanos denuncian que la propuesta convierte nuevamente al Parlamento Europeo en «triste rehén de una escalada agresiva, ajena a intereses genuinamente europeos y contraria al espíritu de diálogo respetuoso que ha primado en las relaciones entre Cuba y la Unión Europea».
En junio pasado, el PE aprobó una resolución -impulsada por el grupo conservador del Partido Popular Europeo junto a los liberales y eurodiputados de extrema derecha- en la que señalaron que Cuba «no ha registrado avances concretos» en materia de derechos humanos.
Además condenó violaciones de derechos humanos en Cuba como «la persecución política persistente y permanente, los actos de acoso y las detenciones arbitrarias de disidentes», y pidió la liberación de los presos políticos en la isla.
La Asamblea Nacional cubana rechazó entonces aquella resolución, la calificó de «espuria e injerencista» y aseguró que sus promotores «tienen un vínculo demostrado con organizaciones radicadas en Miami financiadas por el Gobierno de Estados Unidos». EFE
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