(Foto runrun.es)
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El defensor del Pueblo venezolano, Tarek William Saab, aseguró este miércoles estar convencido de que el país convocará elecciones este año, aunque recordó que la definición de un cronograma de comicios es una decisión que le corresponde únicamente al Consejo Nacional Electoral (CNE).

El Poder Electoral venezolano postergó las elecciones de gobernadores previstas para 2016 y todavía no ha anunciado cuándo se realizarán estas votaciones, que por mandato constitucional debieron concretarse en diciembre pasado, ni las de alcaldes, que corresponden a finales de este año.

Saab consideró que este 19 de abril fue un día clave para la democracia venezolana, “fue una prueba de fuego”, en referencia a las manifestaciones de este miércoles que fueron convocadas por el chavismo y la oposición, estas últimas saldadas con dos muertes en Caracas y en el estado Táchira .

A pesar de lo masivo de ambas manifestaciones de hoy en la ciudad capital, en su gran mayoría ocurrieron de manera cívica, pacífica, dentro de la vigencia del juego democrático, con consignas, con manifestaciones diversas de opiniones, sostuvo.

El funcionario destacó que, pese a las dos muertes, el país “demostró hoy un espíritu cívico”, al tiempo que aseguró que vigilará las investigaciones para que se castigue a los responsables de delitos y se esclarezcan las circunstancias en que estos se produjeron.

Se dijo abierto a atender las solicitudes de la oposición venezolana que intentó este miércoles, por sexta vez sin éxito, marchar junto a miles de personas hacia su despacho para pedirle que respalde, como presidente del Poder Ciudadano, un proceso iniciado en el Parlamento para destituir a siete magistrados del Supremo. La Defensoría del Pueblo recibió hace dos días a una comisión del Legislativo que consignó un documento con estos planteamientos que Saab ha considerado improcedentes, indicó.

La Asamblea Nacional pretende destituir a los siete miembros de la Sala Constitucional de la alta corte por emitir dos sentencias que despojaban de sus facultades al Parlamento y limitaban la inmunidad de los diputados, aunque luego estas decisiones fueron aclaradas y parcialmente suprimidas.

La fiscal General, Luisa Ortega, declaró que con estas resoluciones se produjo una ruptura del orden constitucional en el país, lo que motivó una ola de protestas que han dejado hasta hoy al menos ocho muertos, un centenar de heridos y cerca de mil arrestos.




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