Se trata de la comunidad Santa Marta, ubicada en el departamento de Cabañas, que fue una de los lugares más golpeados durante el conflicto armado interno del país y cuyos habitantes han pedido en reiteradas ocasiones justicia ante los casos de violaciones de derechos humanos.
Los habitantes señalaron durante una conferencia de prensa que, luego de una publicación «irresponsable» en redes sociales en la que se pedía una intervención militar por la supuesta presencia de pandilleros en la zona, «grupos de militares se han apostado cerca de Santa Marta, generando zozobra en la comunidad».
Indicaron que la comunidad «ya sufre la ausencia de líderes comunitarios por estar capturados», en referencia a cinco líderes que están detenidos y son acusados de asesinar a una mujer en 1989, en el contexto de la guerra civil (1980-1992).
Denuncias
La relatora para los Defensores de Derechos de Naciones Unidas, Mary Lawlor, pidió recientemente al Estado salvadoreño liberar a estas personas, detenidas el pasado 11 de enero.
Denunciaron que bajo este contexto se podrían dar detenciones «ilegales y arbitrarias», como la del hijo de la lideresa comunitaria Vidalina Morales, cuya detención fue catalogada como un ataque a los defensores de derechos humanos.
El joven Manuel Gámez Morales fue «detenido arbitrariamente» bajo el régimen de excepción, «pero la denuncia ciudadana logró revertir este abuso», según señaló en su momento la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Martes (ADES) de El Salvador, que es dirigida por Morales.
Los líderes comunitarios de Santa Marta fueron los principales impulsores de una ley contra la minería, aprobada en marzo de 2017 por el Congreso y que prohíbe la exploración, extracción, explotación y procesamiento, ya sea a cielo abierto o subterráneo en el país. EFE
