El dirigente del municipio Naguanagua, Junior Del Pino, denunció el precario sistema de distribución de gas doméstico realizado por la empresa estatal PDV Gas Comunal.
Comentó que el lapso de espera luego de pagar por el servicio puede ser de hasta cinco meses. Estima que el total de estos pagos es de aproximadamente 500 mil dólares en Naguanagua y 10 millones de dólares en el estado Carabobo, a pesar del monto total, las autoridades no emiten recibos.
Un trabajo que según Del Pino fue hecho "por el pueblo" que lo escogió a él como vocero destacó las fallas en los servicios de cobro, despacho y distribución de los cilindros del gas doméstico, con un relato que se origina en Naguanagua pero se vive a diario en el resto del país.
Familias y la comunidad en general se ven sometidas a estrés, cobros inesperados, largas esperas, una distribución turbulenta y solicitudes de pago valoradas acorde con el valor del dólar. Ello genera una dinámica que catalogan de absolutista: “Las organizaciones e instituciones que tienen por ley defender y servir a la población, no cumplen sus funciones”.
Recalca que esta serie de problemas ha persistido en el tiempo y que a pesar de sus reclamos, ningún organismo público ha prestado atención. "Prestan sus cargos para contribuir con la desidia existente”.
El objetivo principal de esta denuncia es llamar la atención de las instituciones pertinentes, para que se les otorgue una solución, pues en ocasiones cientos de personas deben decidir entre comprar comida y medicina o pagar el inesperado cobro del gas a los jefes de comunidad.
¿Cómo inició el problema?
En la carta presentada se explica cómo se llegó a la problemática actual. En el año 2018, en medio de la crisis del país, inició el declive de los servicios públicos, entre ellos las operaciones de las plantas de gas, lo que generó un daño progresivo a las unidades de transporte utilizadas para el funcionamiento.
Lo que describen como un verdadero drama para el ciudadano, se produjo por “las terribles decisiones en la gerencia y distribución” que se realiza a través de la distribución de cilindros de 10, 18, 27 y 43 kilogramos, los cuales son transportados en camiones desde la planta de llenado, hasta cada comunidad del municipio Naguanagua.
Se les da a los ciudadanos un lapso de 72 horas para el pago del servicio. De no hacerlo, son sacados de la lista de distribución: “La mayoría optamos por cocinas eléctricas o resistencias eléctricas mejor conocidas como caracoles, son de baja calidad y capacidad lo que aumenta el tiempo para procesar los alimentos, además generan un alto consumo de electricidad aumentando drásticamente los costos, generando problemas en el sistema eléctrico en la gran mayoría de las viviendas”.
Denuncia a miembros del gobierno
Según el escrito, los jefes de comunidad dicen que “obedecen” las órdenes de encargados establecidos por el gobierno. La preocupación nace a raíz de la entrega de dinero con hasta cinco meses de antelación, pues denuncian el manejo indiscriminado de los recursos económicos provenientes de los ciudadanos . Lo que empeora la situación es que esos encargados políticos no tienen respuesta para los usuarios.
Las cifras que se estiman se promediaron a través del conteo de llenado de cilindros estipulado para Naguanagua. El costo de este servicio, es de dos dólares para cilindros de 10 kilos, tres dólares el de 18 kg, cuatro dólares el de 27 Kg y cinco dólares el cilindro de 43 kg.
El dirigente manifiestan que en el municipio, hay 200 mil habitantes aproximadamente, distribuidos en 60 mil viviendas que compran un estimado de tres cilindros. A este conteo, se deben sumar los comercios, que utilizan cilindros de 43 Kg: “Estimamos, que sólo en Naguanagua podrían estar manejando cantidades superiores a los 500 mil dólares por ronda de despacho. Este caso necesita una exhaustiva investigación para conocer públicamente las cifras reales del mencionado abuso cometido contra el pueblo venezolano”, señalan Del Pino.
El dirigente se pregunta: ¿Qué se hace con los recursos recolectados? Según su investigación, “el estado Carabobo cuenta con unos 3 millones 500 mil habitantes, más de 420 mil viviendas, muchísimos comercios e industrias. Todos generan cifras que superan ampliamente los 10 millones de dólares en cada ronda de despacho”.
Mencionó que entre una población que desconoce el manejo adecuado de cilindros y trabajadores que no están satisfechos con sus condiciones laborales, se evidencian las faltas: “Se reitera que necesitamos una investigación profunda de los hechos y conocer los resultados de las cifras reales, contrastando las solicitudes hechas por los jefes de calle del partido político, con las cifras de los responsables de planta de llenado”
En el texto, se condenan los hechos expuestos y apuntan a la vulneración de derechos humanos y económicos que se ha prolongado por cinco años. Ante la falta de información, se desconoce el modelo de distribución de pagos, “lo que hace presumir apropiación indebida de capitales, por las exorbitantes cifras de dinero que se manejan, donde presumimos dos fuentes de financiamiento, una de fondos arrancados de la población indiscriminadamente y la otra posible financiación provenientes de fondo públicos”.
Solución propuesta
Para minimizar los daños causados, proponen que se les subsidie los servicios públicos con el ingreso proveniente del petróleo y minerales extraídos, siguiendo los lineamientos del contrato social del venezolano.
Su marco legal se fundamenta en los siguientes artículos de la Constitución:
Artículo 2: “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia”.
Artículo 3:“El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar, del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en esta Constitución”.
Artículo 5: "La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución".
Artículo 12:“Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público".
Artículo 19: “El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con la Constitución".
Artículo 51: “ Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos, y a obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados conforme a la ley, pudiendo ser destituidos del cargo respectivo”.
Artículo 54: “Ninguna persona podrá ser sometida a esclavitud o servidumbre”.
Artículo 57: “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura”.
Artículo 117: “Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen, a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno. La ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, las normas de control de calidad y cantidad de bienes y servicios, los procedimientos de defensa del público consumidor, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la violación de estos derechos”.
Y en artículos 5, 8, 7, 11, 16, 26, y 44 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.
Entre las resoluciones que exigen los autores de la denuncia estan:
- Explicación suficientemente detallada del dinero recaudado con antelación y posterior entrega de los servicios de gas doméstico ya cobrados. Así como las debidas actuaciones Judiciales que esclarezcas el manejo de estos capitales y las fuentes de financiamiento.
- Petición por escrito, firmada y sellada a todos los jefes de comunidades del PSUV de sus últimas solicitudes del gas doméstico, para contrastar con las cuentas que poseen los responsables de la planta de gas, con el fin de obtener cuentas precisas.
- Auditoria completa, con su respectiva fiscalización por el Seniat de los fondos recaudados por concepto del servicio del gas.
- Revisión exhaustiva de todos los procesos involucrados en el servicio de gas doméstico, desde su extracción, proceso, revisión de reservas disponibles en los tanques de almacenamiento, hasta su distribución, con su respectivo y detallado informe público.
- Información detallada de todos los costos asociados al servicio de gas doméstico con el fin de tener un punto de referencia adecuado y comparar con otras empresas similares del mundo.
- Revisión de procesos de higiene y seguridad por parte de Inpsasel de la planta de distribución del Gas doméstico motivado a las continuas quejas manifestadas por los empleados.
- Intervención de la SUNDEE y cualquier organismo pertinente que le competa la defensa de bienes y servicios públicos.
- Inspecciones con la presencia de la comisión establecida por los abajo firmantes, para constatar el proceso y buscar soluciones, ya que somos los principales afectados y corresponsables.
- Y construcción de un sistema adecuado para prestar el servicio de distribución del gas doméstico.
Con nota de prensa.
