Cuando Jesús Coronel recibió el título universitario de licenciado en Educación, luego de mucho esfuerzo, pensó que por el resto de su vida se dedicaría a la docencia. Era su mayor deseo, porque había encontrado su verdadera pasión. Pero luego de 18 años de trabajo en el sector educativo público de Carabobo, ahora subsiste como mototaxista en Valencia. Los bajos salarios lo obligaron a cambiar los libros y las aulas, por una motocicleta y las calles.
No fue una decisión fácil, aseguró en entrevista con El Carabobeño. Llevaba meses postergándola. Hasta que encontró en la suspensión de las clases presenciales debido al inicio de la pandemia de COVID-19 el impulso que necesitaba para terminar de dar el paso: vender el carro que con sacrificio logró comprar al inicio de su carrera como educador y, con una parte, adquirir una motocicleta, que hoy es su principal sustento.
“Voy ya para un año trabajando como mototaxista, porque el sueldo de docente, después tanto estudiar, no nos alcanza para nada”, dijo Jesús, quien todavía pertenece a la nómina de la escuela básica Juanita Hernández León, en Parque Valencia, al sur de la ciudad, una institución adscrita a la Secretaría de Educación de la Gobernación de Carabobo. Antes del incremento salarial del 1° de mayo, con lo que devengaba no podía comprar ni un kilogramo de harina de maíz.
Por decreto presidencial, a propósito de la conmemoración del Día del Trabajador, Nicolás Maduro aumentó el salario mínimo de un millón 800 mil bolívares (menos de un dólar), a siete millones, más otros tres millones correspondientes al bono de alimentación. En total, son 10 millones de bolívares al mes, que de acuerdo a la tasa de cambio del día, equivalen a 3,4 dólares.
Según la Federación de Trabajadores de la Enseñanza y Afines de Venezuela (Fetraenseñanza), luego de ajustar el tabulador del salario básico de los docentes tomando en cuenta el aumento decretado, el sueldo promedio de un maestro venezolano pasó a ser 3,9 dólares. Todavía insuficiente. “El maestro se está muriendo de hambre”, advirtió Fetraenseñanza en un comunicado del 1° de mayo.
“Tuve que vender un carrito que tenía y comprarme una moto para poder trabajar de mototaxista y medio comer, porque tampoco es que me alcanza para vivir como debería ser”, detalló el profesor. Aunque su ingreso actual como mototaxista es notablemente superior, en comparación con lo que le pagan desde la Secretaría de Educación, sigue lograr cubrir sus necesidades.
En marzo el precio de la Canasta Alimentaria Familiar fue de 322,57 dólares, aumentando 40,60 dólares respecto a febrero, de acuerdo a datos del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (FVM). Un docente necesitaría más de 82 salarios básicos para cubrirla.
“Ser mototaxista es un orgullo para mí, pero no es justo porque después de haber estudiado tanto, y pasar por una universidad, ¿cómo es posible que venga a ganar menos de cinco dólares?”, cuestionó Jesús. A su juicio, los maestros y doctores de Carabobo deberían ser los mejores pagados, porque son los que verdaderamente contribuyen con el desarrollo del estado, incluso en medio de la pandemia.
Exigió al gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, de quien dependen los profesores estadales, sueldos dignos y acordes con la realidad económica actual, ya que cada vez son más los que se ven obligados a realizar otras actividades y abandonar las clases. “En el gobierno hablan de igualdad, pero entonces por qué no ganamos lo mismo que gana un diputado”, agregó.
Dos meses sin sueldo
Mayra Campos, docente de la escuela estadal Rubén Farache, en el municipio Libertador, es víctima del sistema por partida doble. El sueldo que devengaba es irrisorio y a pesar de eso, tienen cuatro quincenas sin pagarle. La Secretaría de Educación le suspendió el pago debido a que una incapacidad física le impide continuar con las clases.
“Ellos dicen que yo no tenía las probanzas, pero sí las tengo. Me las entregaron por la caja regional y en ellas está la constancia de que estoy esperando una evaluación de la comisión nacional para darme la incapacidad”, expuso Mayra, quien lleva 29 años al servicio de la educación de Carabobo y 23 adscrita a la nómina de la Secretaría de Educación.
Consideró que es injusto que luego de haber entregado casi la mitad de su vida a la docencia en el sector público, ahora tenga que prácticamente rogar que le paguen. “No es justo estar pidiendo algo que es un derecho, porque mi sueldo es un derecho”, sostuvo. De sus ingresos dependen también sus dos padres, que son “dos viejitos de más de 80 años”.
Según datos de Sinvemaca, filial de la FVM, la Secretaría de Educación mantiene suspendidos a al menos 600 docentes estadales, quienes bajo diversos alegatos dejaron de recibir su sueldo.
