José Ángel Rengifo Galavis no tenía idea de lo que le esperaba. El 8 de agosto de 2017 estaba, como de costumbre, en La Victoria, estado Aragua, donde tenía su empresa. Los funcionarios que se lo llevaron detenido nunca le informaron las razones. Aún su familia no las conoce, ni entiende por qué lo vinculan a los sucesos que se produjeron el 6 de ese mismo mes, en el Fuerte Paramacay, en Naguanagua.
Lo cuenta su hija, Lisbeth Renfigo. En su narración ella separa los hechos en dos fechas importantes. La primera, el 8 de agosto de 2017.La segunda, el 19 de diciembre de 2025. Es una historia que conoce a profudidad, que la padeció junto a su madre y hermano, también detenidos por un buen rato, un día después.
Una misma condena: 30 años de cárcel
Pero las dos fechas tienen algo en común. En ambos casos, Rengifo Galavís fue torturado brutalmente. Su hija está convencida de que aplicaron con él todo el catálogo sobre las peores cosas que se le pueden hacer a un detenido.
La primera fecha
A mi papá se lo llevaron el 8 de agosto de 2017. Horas después lo devolvieron en unas condiciones deplorables, porque la cantidad de golpes que recibió fue enorme y ya él presentaba ciertas afecciones de salud, recordó la joven. Esa tarde misma tarde, funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) le informaron que debía firmar unos documentos para dejar todo en orden con respecto a su detención.
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Lisbeth Rengifo cuenta que a las 4:00 de la tarde los uniformados llegaron,, allanaron la vivienda, lo volvieron a interrogar y se lo llevaron detenido. "A partir de ese momento entró en desaparición forzada".
La madrugada del 9 de agosto volvieron los hombres a la casa, esta vez de forma más violenta. Detuvieron durante horas los dos hijos y la mamá, a quienes interrogaron sobre el asalto al Fuerte Paramacay. Luego se retiraron.
Una semana después Rengifo fue presentado ante la Corte Marcial con evidentes y alarmantes signos de torturas. "Tenía muchos moretones, estaba sucio y muy delgado. Luego fue recluido en el Centro Nacional de Procesados Militares, la conocida Cárcel de Ramo Verde. Posteriormente recibió una medida cautelar con régimen de presentación por razones médicas. Sufría hipertensión, episodios de convulsiones que se agravaron con las torturas y prostatitis grado IV.
Durante ocho años, Rengifo Galavís se presentó en el tribunal religiosamente a cumplir con el régimen de presentación impuesto. Nunca faltó. En el año 2021 el juicio pasó de la jurisdicción militar a la civil.
La segunda fecha
Todo se desarrollaba según lo pautado, con Rengifo cumpliendo sus presentaciones. Pero el 19 de diciembre lo detuvieron por tercera vez y lo presentaron en tribunales. En el juicio revocaron la medida cautelar y lo condenaron a 30 años de cárcel, al igual que a todos los demás detenidos. Fue una decisión general, que no analizó casos individuales, tomada en un juicio que no debió realizarse porque no estaban presentes todos los acusados. "A uno de ellos le había dado un ACV y no estaba en el tribunal. Aún así dictaron sentencia".
Pese a que ningún testigo lo mencionó ni hubo forma de relacionarlo con los hechos ocurridos en el Fuerte Paramacay, a Rengifo le imputaron delitos militares, aunque él es un civil. "Loo condenaron por traición a la patria, rebelión militar, sustracción de efectos pertenecientes a la fuerza armada y ataque al centinela en calidad de encubridor.
La sentencia dictada en diciembre fue oficializada el 13 de abril de 2026, día en que a Rengifo lo trasladaron al tribunal. Por su grave estado de salud, en el despacho se desvaneció y la única atención que le prestaron fue dentro de una ambulancia.
Luego lo enviaron a su centro de reclusión, que en ese momento era el destacamento 411 de la Guardia Nacional, en Mañongo. Hace 15 días fue trasladado al Centro de Formación Hombre Nuevo, en Tocuyito, donde se encuentra en etapa de aislamiento, por lo que tiene restringidas las visitas.
Desde 2017 la familia ha hecho las denuncias correspondientes, al punto de que se logró la medida cautelar. Recientemente impugnaron la condena y también solicitaron la amnistía. En el primer caso, aún esperan, en el segundo, la respuesta fue negativa, pero también apelaron. La familia insiste en que se actualice su expediente médico.
"Mi padre demostró durante ocho años que nunca tuvo la intención de sustraerse del proceso, todo lo contrario, acudió a cada cita judicial. No me parece justo que a una persona que ha cumplido con todos los requisitos se le revoque una medida cautelar en el momento en que está más vulnerable de salud y en edad avanzada", sentenció Lisbeth.
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En un momento en el que el país pareciera enfrentar algunos cambios, ella apela. "Estamos en un proceso de transición y si queremos llegar a la convivencia, que yo creo que todos la queremos, se deben revisar todos los casos. Que no se deje por fuera o se discrimine ninguno de estos casos por ser de índole militar
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