ataques defensores
Defensores de Derechos Humanos. (Foto cortesía)

En medio de la Emergencia Humanitaria Compleja, agravada por la pandemia de COVID-19, el Estado venezolano ha aprovechado para implementar medidas autoritarias y de control social. Según Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), durante 2020 se registraron al menos 303 ataques contra activistas y defensores de los derechos humanos en el país.

De los 303 ataques e incidentes de seguridad documentados el año pasado, 272 se produjeron tras la declaratoria del estado de alarma, el 13 de marzo, y los llamados a actuar de la “Furia Bolivariana”, por parte de altos funcionarios del Estado, detalló el CDJ en su informe anual. Esta cifra equivale al 90% del total de las agresiones registradas.

La comunidad de organizaciones de derechos humanos que están en Venezuela fueron las más afectadas, contabilizándose 192 hechos y amenazas en su contra y diversos actos ejercidos por el Estado con el fin de obstaculizar o impedir su labor, mientras que 111 de las situaciones registradas fueron cometidas de forma individualizada contra personas defensoras de derechos humanos.

“El Estado en lugar de trabajar en función de la protección de la población venezolana y el resguardo de sus derechos ha agudizado sus políticas de control social y criminalización del derecho a defender derechos humanos, afectando la operatividad y seguridad de las personas y organizaciones que se encuentran en primera línea trabajando por la protección de los más vulnerables”, denunció la organización.

De acuerdo al balance publicado por el CDJ, el entorno para la defensa de los derechos humanos se vuelve cada vez más hostil y restrictivo con el pasar de los días debido a las distintas circunstancias adversas que rodean y condicionan el contexto en el cual se desenvuelven quienes defienden y exigen derechos en Venezuela.

La defensa y exigencia de derechos se ha visto progresivamente restringida desde 2002 con la creación de al menos 10 leyes y medidas fácticas, así como con la emisión de al menos cinco sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que, según el centro, buscan limitar, obstaculizar y criminalizar la defensa de derechos humanos y la libertad de asociación bajo la lógica del enemigo interno, conforme a la Doctrina de la Seguridad Nacional.

“Durante el 2020 continuó el proceso de adecuación del ordenamiento jurídico interno con el fin de avalar y facilitar la criminalización por medio de leyes y mecanismos contrarios a las obligaciones del Estado de cara a la promoción y protección de la defensa de derecho humanos, y que tiene como fin impedir, controlar y obstaculizar las acciones de documentación, denuncia, incidencia, cooperación y acción humanitaria, ejercida por las organizaciones no gubernamentales para hacer frente a las consecuencias de la Emergencia Humanitaria Compleja”, dice el informe anual.

 




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