Alberto Torres Márquez/Crónica Uno
“Ser optimistas con el 2024 creo que es un poco arriesgado”, afirma el economista Luis Oliveros sobre las perspectivas de Venezuela a poco más de tres meses de que termine un 2023 en el que, según proyecciones privadas, la economía local y el consumo se estancaron y la inflación sigue haciendo de las suyas.
El especialista dijo, en un evento de Venamcham, que para el próximo año se espera un escenario con inflación alta y crecimiento más “modesto, y eso si es que hay crecimiento”, pues considera que todo dependerá de qué tanto se profundicen o relajen las sanciones que mantiene Estados Unidos sobre la industria petrolera venezolana.
Entre 2013 y 2021 Venezuela perdió más de 70 % de su producto interno bruto (PIB), en gran medida por la caída de los ingresos petroleros. La industria acumuló años de deterioro, desinversión y denuncias de corrupción que, según algunos expertos, se exacerbaron cuando EE. UU. sancionó a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) a inicios de 2019.
Oliveros asegura que en los primeros nueve meses de este año los ingresos del país “no mejoraron de una manera tan importante como para el consumo se recuperara” y que una eventual recuperación económica en el último trimestre “no va a compensar la caída” de los meses previos.
El efecto Chevron tiene un techo
A finales del año pasado, el Departamento del Tesoro estadounidense le otorgó una licencia a la empresa petrolera Chevron para procesar y exportar crudo venezolano a ese país, pero Oliveros advierte que “ya Chevron llegó a su límite de entre 140.000 y 150.000 barriles diarios” y la capacidad que tiene de crecer más de allí es baja con el actual esquema de sanciones.
En mayo, la empresa estadounidense redujo sus expectativas de producción de 200.000 a 175.000 barriles diarios para finales de año, según informó la agencia especializada Argus, que acusó la disminución a los problemas de infraestructura para el transporte de crudo en el occidente del país.
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Gracias a las operaciones de Chevron, afirma el economista Luis Oliveros, “se ha mantenido un cierto nivel” de las intervenciones cambiarias, estrategia que aplica el Banco Central de Venezuela (BCV) para intentar estabilizar el precio del dólar, que de enero a agosto aumentó más de 85 %.
Pero el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Metropolitana (Unimet) advierte que el efecto de Chevron no es suficiente para estabilizar el tipo de cambio o incrementar los ingresos del Estado. De hecho, advierte que las intervenciones del BCV están alrededor de 15 % por debajo de los niveles del año pasado.
Según datos de la firma Aristimuño Herrera & Asociados, hasta agosto de este año el BCV vendió 2916 millones a la banca, casi 17 % menos que los $3479 millones que acumuló hasta finales de agosto del año pasado.
¿Escenario de recuperación?
El economista y profesor universitario, Leonardo Vera, pone las expectativas de crecimiento de la economía en la recuperación del sector petrolero “no luce hoy como una opción” verdadera o creíble, dado que ninguno de los incrementos de la producción de crudo de los últimos 12 meses “se tradujo en crecimiento para la economía doméstica”.
Vera aseguró, en un artículo de su autoría en Politika UCAB, que para la recta final de 2023 se visulmbra un ambiente de mejores precios y una posible licencia para empresas petroleras internacionales, pero que “no necesariamente esos mayores ingresos se van a traducir en una palanca de dinamización de la economía interna”.
Luis Oliveros sostiene que Venezuela necesita que otras petroleras occidentales, como la italiana ENI y la española Repsol, tengan licencias que les permitan operar crudo venezolano. “Ahí es donde pudiéramos ver un crecimiento importante del sector petrolero, del sector público y de la economía en general”, pero no lo ve como un escenario posible de cara a 2024, año en el que el presidente Joe Biden se juega la reelección.
Pero de acuerdo con cálculos aproximados de Leonardo Vera, una eventual flexibilización de sanciones a ENI y Repsol en lo que queda de año permitiría bombear 75.000 barriles diarios adicionales y sumar 192 millones de dólares al Estado, aporte adicional que repartido entre siete millones de pensionados y empleados públicos solo alcanzaría para bonos mensuales de $6,85 de aquí a diciembre.
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