Luego de que el 7 de enero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidiera ampliar las medidas cautelares a favor de 20 personas con esclerosis múltiple en Venezuela, la asociación civil de Pacientes con Esclerosis Múltiple y la ONG Defiende Venezuela exigieron al Estado venezolano su cumplimiento.
María Monagas, quien sufre de esta condición desde hace 15 años, expresó que al principio de la enfermedad el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) le entregaba sus medicinas y llevaba una vida normal. Pero desde hace cinco años aproximadamente la institución cerró el protocolo de esclerosis múltiple, lo cual ha causado el deterioro progresivo de su salud hasta ocasionarle dificultades motoras.
Quienes padecen esta patología han empeorado y muchos se encuentran en situación de cama, detalló la también presidenta de la Asociación Civil Pacientes con esclerosis múltiple. Dentro de la organización cuentan con un índice de aproximadamente 15 fallecidos por diversas complicaciones que se han presentado ante la falta de medicamentos, siendo esta una situación complicada para casi los dos mil 500 pacientes registrados en el país.
Para Monagas la aprobación de las medidas cautelares significa “una gran esperanza, una ilusión, se nos abre una puerta bastante grande con la ayuda de la ONG Defiende Venezuela, esperemos que el gobierno venezolano atienda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cumpla con esta petición”.
Según la doctora Clory Molina, miembro de la Sociedad Venezolana de Neurología, los pacientes con esclerosis múltiple se ven limitados en todas sus acciones y tienen que tener acompañamiento de su familia en todo momento. Agregó que en el 2016 cesó el apoyo a los pacientes y ahora se encuentran en estados severos de discapacidad.
El abogado de Defiende Venezuela, Rafael Gordon, fue enfático al señalar que el Estado venezolano dejó de garantizar el derecho humano a la salud de los pacientes con esclerosis múltiple cuando en 2016 suspendió la entrega del tratamiento que requerían.
El IVSS no ha querido recibir cartas por parte de los pacientes para así evitar tener que procesar sus solicitudes, sostuvo Gordon. Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo no emprende acciones ante la situación y las primeras medidas cautelares aprobadas en 2019 por la CIDH no han tenido respuesta por parte del Estado.
Por su parte el director de la ONG, Carlos Briceño, afirmó que desde la organización aspiran a que las medidas sean acatadas, ante la cantidad de venezolanos que esperan su tratamiento. Además, invitó al foro “Restricciones al Derecho a la Salud en Venezuela”, en el marco de la conmemoración del día Internacional de la Salud, este 21 de enero a las 10:00 a.m.
