El límite de velocidad en las intersecciones es de 15 kilómetros por hora. Pocos conductores lo respetan, y esa infracción está detrás de la mayoría de los accidentes de tránsito donde están involucradas motos en Venezuela.
Así lo advirtió el abogado Arturo Álvarez, quien revisó las normas de tránsito que más se violan en el país y ubicó el límite de velocidad en intersecciones como la infracción más directamente relacionada con los siniestros. "Las personas no paran en las intersecciones, no bajan la velocidad en las intersecciones y la reacción para evitar un accidente es muy limitada", explicó Álvarez,
A eso se suma el irrespeto a los límites de velocidad en carreteras nacionales, estatales, urbanas y dentro de urbanizaciones, un patrón generalizado que también alimenta la estadística de accidentes.
Señaló que el problema ya dejó de ser solo un asunto vial para convertirse en una crisis de salud pública: la cantidad de lesionados traumatológicos generados por accidentes con motos ha colapsado los sistemas de emergencia de los centros de salud públicos del país.
El impacto en el sistema de salud es concreto y documentado. "La cantidad de accidentes donde se generan lesionados llegó al punto que el suministro que el Estado tenía para cubrir esas emergencias en los hospitales sobrepasó los límites disponibles y, por lo tanto, insumos de otras áreas se han tenido que utilizar para atender los casos de traumatología", señaló el abogado, recordando que el Estado venezolano ya reconoció formalmente esta situación como un problema de salud pública nacional, regional y municipal.
Venezuela no necesita más leyes: necesita aplicar las que ya tiene
Álvarez fue enfático en un punto que considera fundamental para entender el problema: Venezuela no carece de legislación en materia de tránsito. Lo que falta es aplicación. "El Estado no necesita más leyes. El Estado necesita mayor aplicabilidad de las leyes vigentes", afirmó, descartando que la solución pase por nuevas normativas, reglamentos o resoluciones.
La propuesta del abogado apunta a modernizar los mecanismos de control y vigilancia. "El Estado debe sistematizar la seguridad vial a través de cámaras inteligentes, un sistema de multas eficiente adaptado a las realidades económicas y sociales, y un sistema de ubicación de quienes incurren en inobservancia de las normas de tránsito", planteó Álvarez, señalando que este modelo ya funciona correctamente en otros países y que Venezuela tiene las bases legales para implementarlo sin necesidad de legislar de nuevo.
A ese sistema de control tecnológico debe sumarse, según el especialista, una revisión exhaustiva del proceso de otorgamiento de licencias de conducir y un sistema de educación vial que atraviese todos los niveles educativos, desde la educación básica y diversificada hasta las universidades y los politécnicos.
La razón es estadística: la mayoría de los accidentes de tránsito con motos involucradas ocurre en personas de entre 17 y 29 años. "Son personas jóvenes, estudiantes, personas con un futuro por delante que se ve truncado por accidentes de tránsito por simplemente desconocer las leyes vigentes en la República", alertó Álvarez, añadiendo un principio jurídico que no admite excepciones: el desconocimiento de la ley no excusa su cumplimiento.
