Personas que “posean las credenciales necesarias” y que además tengan “el aval y respaldo político del país”. Estas son las dos condiciones que la Asamblea Nacional asegura estar considerando para la selección del nuevo fiscal general de la República y del defensor del Pueblo, según afirmó su presidente, el diputado Jorge Rodríguez.
Rodríguez señaló que el proceso de postulaciones ha “estado marcado por credenciales en la gran mayoría”, pero admitió que “también había algunos malandros que se quisieron colar”, a quienes “los raspamos”, dijo . Pero Transparencia Venezuela revisó las distintas listas de candidatos publicadas por el Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano en los últimos días, e identificó varios nombres que no cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución Nacional y en las leyes del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
Entre los más de 100 aspirantes a reemplazar a los salientes Tarek William Saab y a Alfredo Ruiz figuran exjueces, exfiscales, exministros, exdiputados y otros actores políticos. Algunos de los postulados fueron sancionados e incluso destituidos de sus cargos por estar incursos en prácticas indebidas.
Irregularidades en postulaciones para fiscal y defensor
Según Transparencia Venezuela, lo anterior no debería sorprender, pues todo el proceso ha estado marcado por irregularidades. La primera de ellas se relaciona con la designación del Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, órgano encargado de revisar las credenciales de los aspirantes. A finales de febrero, la Asamblea Nacional nombró una comisión preliminar presidida por el diputado Giuseppe Alessandrello.
La decisión del Parlamento contraviene lo establecido en el artículo 279 de la Constitución Nacional y en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano. Ambas normas señalan que la tarea de designar a quienes revisarán las credenciales de los candidatos corresponde exclusivamente al Consejo Moral Republicano, es decir, al fiscal general, al contralor y al defensor del Pueblo.
Lo que no dice expresamente la Constitución venezolana
Los requisitos previstos en la Constitución Nacional y las leyes para ocupar el puesto de fiscal general y defensor del Pueblo son genéricos.
La ausencia de disposiciones que establezcan incompatibilidades claras, sanciones por militancia activa y otros mecanismos estrictos para garantizar la independencia han permitido que, en los últimos cinco lustros, personas con marcada tendencia política hayan ocupado esos cargos, subordinando a esos organismos a intereses partidistas y utilizándolos como armas contra sus adversarios.
El Poder Ciudadano está diseñado en la Constitución venezolana como un órgano de control del poder, no como actor político. Y, por ello, no debería ser cooptado por los partidos políticos.
Una revisión de las listas de postulados ha permitido identificar a candidatos que repiten el patrón antes expuesto. Un ejemplo es el abogado Joel Darío Altuve Patiño, postulado para dirigir el Ministerio Público, quien en su cuenta de X (antes Twitter) se presenta no solo como “juez penal y abogado”, sino también como “chavista, revolucionario y bolivariano”.
Lo mismo podría decirse del abogado José Luis Alcalá Rhode, quien fue secretario de Gobierno en la Gobernación del Zulia durante la última gestión de Manuel Rosales y antes director de la Policía de Maracaibo.
Otros postulados con claras simpatías políticas son el abogado Julio Lattan, presidente del Frente Nacional de Abogados Bolivarianos; el exconcejal y exdirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Enrique Ochoa Antich; y el exalcalde de Chacao y exdirigente de Voluntad Popular, Emilio Graterón.
Todos ellos aspiran a dirigir la Defensoría del Pueblo, a pesar de que el artículo 20 de la ley que regula a este organismo— que se encarga de velar por los derechos humanos de los venezolanos— establece que el defensor debe estar exento de “todo cargo o actividad de carácter político-partidista”.
Destituidos y sancionados
Otro nombre que resalta en las listas de candidatos a fiscal general y defensor del Pueblo es el del abogado Gilberto Landaeta Gordon. Se desempeñó como fiscal 8° nacional y se dio a conocer por integrar el equipo que investigó el asesinato del fiscal Danilo Anderson, ocurrido en noviembre de 2004. La actuación de Landaeta fue muy cuestionada, pues se le acusó de tolerar abusos y malos tratos contra algunos sospechosos. No obstante, fue retirado del caso y posteriormente destituido, luego de un incidente con la Policía de Vargas ocurrido en 2006, por el que fue procesado por abuso de autoridad y porte ilícito de armas, y luego sobreseído en 2011.
En la lista está Elías Álvarez Leal, quien fue juez 7° de Juicio de Caracas y tuvo en sus manos casos sonados como el que se siguió a María Corina Machado por la financiación de Súmate, el asesinato de los estudiantes en el barrio Kennedy en 2005 y el juicio por difamación que el fallecido exdiputado y exgobernador de Guárico, Willian Lara, le abrió al constitucionalista Tulio Álvarez.
El entonces juez fue suspendido sin goce de sueldo por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia en 2009, aunque posteriormente logró que la medida fuera levantada por el Tribunal Disciplinario Judicial.
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