Ta como ocurrió en el 2018, aún cuando la producción de crudo superaba el millón de barriles diarios, el gobierno decidió exonerar totalmente del pago del Impuesto sobre la Renta (ISLR) a Pdvsa, sus filiales y a las empresas mixtas por el lapso de un año, con el fin expreso de impulsar el aumento de la extracción petrolera.
Esta nueva exoneración publicada en el decreto presidencial N° 4.106, cuyo artículo 1 precisa que la medida se extiende «a aquellas filiales de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) cuyo objeto sea la compra, venta o permuta de bienes muebles o inmuebles, refinación, comercialización, procura, servicios, o cualquier de las actividades de apoyo inherentes a Petróleos de Venezuela S.A., dentro o fuera de la República».
Evidentemente, la disposición abarca a toda la cadena de valor de la actividad petrolera, con beneficio para los socios privados, reseña Banca y Negocios.
El informe más reciente de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con datos de diciembre, reveló que la producción promedio de Venezuela cerró en 714.000 barriles diarios, la menor extracción en 8 décadas, según las fuentes secundarias del grupo. El bombeo reportado por la administración Maduro alcanzó a 910.000 b/d.
En consecuencia, Pdvsa se encuentra una situación de extrema precariedad. El parque refinador en el territorio nacional está totalmente paralizado y la mejor expectativa es reiniciar parcialmente Amuay para procesar unos 50.000 o 60.000 barriles por día en breve plazo.
Las sanciones de Estados Unidos han restado casi toda la capacidad de comercialización, y para colocar alrededor de 1 millón de barriles por día se requieren complejas triangulaciones organizadas por Rosneft, para llevar crudo hasta los mercados asiáticos.
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