Por lo menos una docena de expertos y grupos de trabajo en derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) pidieron a las autoridades de Venezuela que eliminen las restricciones que dificultan la labor de las organizaciones de la sociedad civil, a las que consideran un actor “indispensable” en la respuesta a los terremotos del 24 de junio y en la atención a las comunidades afectadas.
El Nacional reseñó que los expertos señalaron que organizaciones de derechos humanos, redes vecinales, asociaciones comunitarias y entidades internacionales están participando a la par en la búsqueda de personas desaparecidas, la identificación de fallecidos, la asistencia directa a las víctimas y la distribución de medicamentos y suministros esenciales.
“Ante la magnitud de la tragedia, la sociedad civil ha asumido un papel indispensable y deberá ser considerada plenamente en las siguientes fases de la respuesta”, dijeron los expertos, que reclamaron que esta labor sea reconocida por las autoridades venezolanas y la comunidad internacional.
Mencionaron como uno de los aspectos que genera más preocupación es la aplicación de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro, que obliga a las entidades a realizar trámites de inscripción o reinscripción en un registro estatal.
Según los expertos, estos procedimientos se han convertido en un obstáculo para muchas organizaciones debido al “silencio administrativo” de las autoridades, lo que puede poner en riesgo su funcionamiento y congelar de forma arbitraria su personalidad jurídica.
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