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El expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro Carlos Sánchez Berzaín acudieron este lunes al primer día de juicio civil que enfrentan en Estados Unidos por la muerte de ocho personas durante unas protestas de 2003 conocidas como la “guerra del gas”.

Sin ofrecer declaraciones a la prensa, el expresidente Sánchez de Lozada y quien fuera su titular de Defensa se hicieron presentes en la primera vista del litigio, que se celebra en un tribunal federal de Fort Lauderdale, situado al norte de Miami.

La jornada de este lunes se centró en la elección de los diez miembros del jurado, para lo cual fueron entrevistadas al menos 53 personas, muy pocas de origen hispano, después de que ambas partes pidieran sumar otras 13 a las 40 iniciales.

Las preguntas de ambas partes buscaron establecer, entre otras cosas, el conocimiento de los candidatos sobre Bolivia o Venezuela, los medios de prensa que consultan, determinar si alguno de ellos era activista por o en contra del control de armas o si, por ejemplo, habían participado en manifestaciones contra el abuso sexual a mujeres en Estados Unidos.

El juicio civil es presidido por el juez James I. Cohn, que en febrero pasado accedió a procesar a ambos bolivianos, acusados de planificar “las matanzas extrajudiciales” tras un proceso legal de once años en Estados Unidos.

Según la demanda, “meses antes de la violencia, los dos acusados idearon un plan para matar a miles de civiles, e intencionalmente usaron fuerza letal en contra de las protestas políticas para reprimir la oposición política”.

Además de las muertes, señala, se disparó a más de 400 civiles desarmados, que resultaron heridos”.

Cohn, quien comentó que será un juicio interesante, reiteró hoy que ninguna de las partes podrá hacer declaraciones a la prensa, al señalar que eso sería un “error”, pues el “juicio es público” y que, en aras de la justicia, el proceso será “en la corte y no en los medios”.

Sánchez de Lozada, de 87 años y quien llegó acompañado de su esposa, Ximena Iturralde, lucía tranquilo, al igual que el exministro Sánchez Berzaín.

Los acusados no estaban obligados a comparecer hoy en el tribunal por tratarse de un juicio civil, que determinará si ambos deberán indemnizar a las familias de las víctimas.

La abogada de la acusación Beth Stephens, del Centro de Derechos Constitucionales de la Universidad de Harvard, dijo a Efe que durante el proceso estarán presentes familiares de los demandantes, que representan a ocho de unas sesenta a ochenta víctimas de los disturbios de 2003 y que responsabilizan de las muertes a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín.

Tanto el dos veces presidente de Bolivia (1993-1997 y 2002-2003), como quien fue su jefe de campaña, ministro de la Presidencia y finalmente titular de Defensa, residen en Estados Unidos desde que Sánchez de Lozada renunció en octubre de 2003 en medio de los disturbios contra sus políticas energéticas.

Una vez elegido el jurado, ambas partes tendrán oportunidad de presentar el caso durante un juicio que se prevé durará “unas cuatro a cinco semanas”, explicó hoy el juez Cohn.

Tras la selección del jurado, demandados y demandantes tendrán, a partir de este martes, la oportunidad de presentar sus argumentos iniciales.

El juez Cohn además autorizó a la defensa usar en esta presentación hechos acontecidos en Bolivia después de 2003, pese a la objeción de los demandantes, que señalaron que el actual presidente de Bolivia, Evo Morales, quien asumió en 2006, no tiene nada que ver con el proceso.

Los demandantes aseguraron que el juicio se tiene que centrar en el periodo de septiembre y octubre de 2003, cuando sucedieron los disturbios, y que no son “relevantes” los hechos posteriores.

En ese sentido, Ana Ríos, abogada de los demandantes, señaló que el Gobierno de Lozada quería reducir la coca y por eso Morales se convirtió en su enemigo.

Los acusados, que gozan de asilo político en EEUU, culpan al presidente Morales, que entonces era dirigente de los cocaleros, de haber provocado con esas protestas el derrocamiento de un Gobierno constitucional.

Los líderes de la protesta y sus participantes fueron eximidos de toda responsabilidad por dos decretos de amnistía dictados durante la presidencia de Carlos Mesa (2003-2005), que era vicepresidente de Sánchez de Lozada y asumió la jefatura de Estado cuando éste renunció y se fue a Estados Unidos.




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