La Comisión de Encuesta relativa a Venezuela establecida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se reunió con el Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess), que denunció a Nicolás Maduro por violar los convenios internacionales laborales relativos a la libertad sindical, la consulta tripartita y la fijación de salarios mínimos.

En una misiva, los sindicalistas Dick Guanique, José Matute, Marlene Sifontes y Wilson Gutiérrez aseguran que el gobierno de Maduro “ha violado los derechos de los trabajadores con prácticas antisindicales como las intervenciones de los sindicatos, la formación de sindicatos paralelos afines al gobierno.

Advierten que esto resulta un impedimento para que los trabajadores hagan sus elecciones para renovar sus autoridades, la persecución judicial mediante la fabricación de expedientes, el despido masivo de trabajadores de entes públicos por defender el derecho a tener un salario justo y el encarcelamiento de dirigentes sindicales”.

“Todos estos actos impiden y cercenan el ejercicio de la libertad sindical garantizados en los convenios 87, 144 y 26 de la OIT y violan los derechos humanos fundamentales de los trabajadores”, reseñó Tal Cual.

Refiere que desde el 20 de septiembre de 2016, los funcionarios del Metro de Caracas “han implementado una política de represión laboral contra los trabajadores que ellos consideran que podrían estar contra el gobierno o específicamente contra la junta directiva del sindicato que es el brazo político del gobierno en el Metro”. Indica que “dicha represión se manifiesta en acoso laboral, terrorismo laboral y discriminación por razones ideológicas, que han culminado con despidos masivos de trabajadores”.

Los dirigentes sindicales también señalan en el documento los casos de José Patines y Jesús Serrano, presidente y secretario de organización del sindicato del ministerio de Relaciones Exteriores, respectivamente. “Por razones meramente políticas, les abrieron un procedimiento administrativo disciplinario y se les solicitó una calificación de despido ante la Inspectoría del Trabajo a pesar de estar amparados por la inamovilidad laboral. No les permiten entrar a sus puestos de trabajo, ni a las oficinas del sindicato”.

Denunciaron que Rodney Antonio Álvarez, trabajador de Ferrominera Orinoco, tiene más de siete años detenido “con un proceso fabricado por el régimen intencionalmente lento” y que Rubén González, secretario general de Sintraferrominera, fue detenido, juzgado por un tribunal militar y apresado en la cárcel de La Pica en noviembre de 2018. Lleva casi ocho meses preso.

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