La organización no gubernamental (ONG) Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve) informó que levantaron el campamento de familiares de presos políticos que se mantenía en las cercanías de la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, conocida como Zona 7.
Este espacio llegó a albergar a 20 familias en su inicio, quienes pasaron poco más de dos meses firmes en su exigencia de libertad para sus parientes.
El progresivo levantamiento del campamento respondió al impacto de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada el 19 de febrero, ya que la mayoría de los detenidos en este centro recuperaron su libertad de manera escalonada.
De acuerdo con una publicación de la ONG, compartida a través de su cuenta de X el 13 de marzo, Yaxzorora Lozada, Mileydi Mendoza, Sandra Rosales, Wendy Hidalgo y Evelyn Quiaro fueron las últimas cinco mujeres en sostener el espacio de protesta.
Familiares de presos políticos negados a dejarlos solos
“Hay lugares que se convierten en símbolos de dignidad. Durante semanas, el frente de Zona 7 fue el hogar de familias que se negaron a dejar solos a los suyos. Ellas cinco fueron el último bastión en el sitio”, acotó Clippve.
Este grupo de familiares de presos políticos se dirigirá hacia el Centro Penitenciario Yare II, en el estado Miranda, lugar a donde trasladaron a sus parientes vinculados al presunto caso de explosivos en Plaza Venezuela.
Los familiares, por los que estas mujeres alzan la voz, se encuentran como presos políticos desde agosto de 2025. Son señalados por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, de supuestamente intentar colocar una bomba en la recién inaugurada plaza de la Victoria Soviética.
Traslado de detenidos a Yare II
Clippve alertó que el 11 de marzo, en horas de la madrugada, el grupo de familiares de presos políticos denunció que vieron salir una camioneta negra con los detenidos.
En un video publicado por la ONG, los familiares reiteraron que sus seres queridos son inocentes y calificaron de injusta tanto la detención como el traslado. Asimismo, exigieron que se revisen los expedientes y se hagan los juicios necesarios para esclarecer los casos y demostrar la inocencia de los detenidos.
El Clippve agregó que estas familias temían que las autoridades ordenaran desmantelar el campamento a las afueras de Zona 7, bajo el argumento de que si sus familiares no están detenidos en el recinto, ellos no pueden permanecer allí.
El temor estaba infundado en un incidente que ocurrió el 10 de marzo, cuando se presentó una brigada de Orden Público de la PNB para retirar las carpas que aún se mantenían en la zona.
Lee la nota completa en El Diario
