Los familiares de opositores y críticos del Gobierno de Daniel Ortega encarcelados en el contexto de las elecciones de noviembre pasado, denunciaron este lunes que al menos cinco de ellos se encuentran en «situación crítica» de salud, dentro de sus celdas.
«La salud de las personas de la tercera edad está en situación crítica. Nos alarma las situaciones en que se encuentran José Pallais, Mauricio Díaz, Violeta Granera, Edgard Parrales y Juan Lorenzo Holmann», manifestaron los familiares de unos 40 años, en una denuncia conjunta.
Los denominados «presos políticos» resultaron capturados entre mayo y noviembre pasados, en medio del proceso electoral que concluyó el 7 de noviembre pasado, con la reelección del presidente Ortega, criticado porque su Gobierno encarceló a siete aspirantes a la Presidencia, entre otras acciones que garantizaron su continuidad en el poder.
Situaciones críticas
Según la denuncia, el excanciller Pallais, de 68 años, ha perdido 90 libras (40,4 kilos) de peso, «y su estado de debilidad física le ha llevado a sufrir desmayos.
El exembajador Díaz, de 70 años, quien también ha sufrido desmayos, «tiene manchas en su piel y laguna mentales», de acuerdo con la denuncia.
Sobre la líder opositora Granera, de 70 años, se dijo que «sigue perdiendo dientes,
En el caso del sacerdote retirado Parrales, de 79 años, «carece de intestino grueso, presenta mareos, tiene una hernia y ha perdido 16 libras (7,2 kilos) en 63 días.
Los denunciantes agregaron el caso del abogado defensor del aspirante presidencial detenido Félix Maradiaga, Róger Reyes, quien «ha presentado depresión, ansiedad y pérdida de la memoria, continúa resultando grave y aún no ha recibido la atención especializada de un psiquiatra».
Todos han resultado señalados por el Gobierno, relacionados con «traición a la patria» y delitos económicos.
Disidentes en riesgo
Asimismo, reiteraron que los opositores están «en indefensión», no solamente por el supuesto incumplimiento del debido proceso, sino también fuera de prisión.
Citaron los casos del exvicecanciller y exguerrillero sandinista disidente Víctor Hugo Tinoco, la exministra de Salud y exguerrillera sandinista disidente Dora María Téllez, así como el sociólogo Irvin Larios, porque «se les tiene privado del derecho a su pensión, con la cual se asumen los gastos familiares cotidianos».
Además, reclamaron «el cese inmediato del aislamiento al que están expuestos Tamara Dávila, quien se mantiene en celda sellada y nunca la han sacado al patio, Suyen Barahona, Téllez, Reyes y Yader Parajón», las tres primeras disidentes sandinistas.
Los familiares insistieron en que los convictos son víctimas de «torturas» y de «malos tratos», tanto físicos como mentales.
Los reos citados lideraron o fueron claves en las protestas antigubernamentales que estallaron en abril de 2018, en las que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), unas 355 personas fallecidas en ataques armados del Gobierno contra las manifestaciones.
Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, un observatorio cuyos datos son avalados por la CIDH, al menos 170 opositores nicaragüenses se encuentran en prisión. EFE
