El fiscal general de Brasil denunció el martes a los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016) junto a varios dirigentes de su Partido de los Trabajadores (PT) por formar una organización criminal para desviar fondos de Petrobras.
«Los crímenes habrían sido practicados por lo menos desde mediados de 2002 hasta el 12 de mayo de 2016», cuando Rousseff fue separada del cargo en el marco de un juicio de impeachment, indicó la Fiscalía en un comunicado.
La denuncia -que apunta también a otros partidos como el PMDB del presidente conservador Michel Temer- señala al PT de haber recibido sobornos por valor de 1.485 millones de reales [USD 475 millones al cambio actual] «por medio de la utilización de órganos públicos como Petrobras, el Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) o el Ministerio de Planificación», añade el escrito.
Esta es la primera denuncia que recibe Rousseff, destituida hace un año acusada de maquillar las cuentas públicas, en el marco de la enorme Operación Lava Jato, que investiga el multimillonario fraude que esquilmó a la petrolera estatal.
Para el fiscal general Rodrigo Janot, sin embargo, gran parte de esta «organización criminal» que llegó a adquirir «carácter transnacional» fue comandada por su predecesor e ícono de la izquierda latinoamericana.
«En ese sentido, Lula (…) fue un importante líder, sea porque fue uno de los responsables por la formación de la organización y por el diseño del sistema de recaudación de sobornos, sea porque, en calidad de presidente de la República durante ocho años, actuó directamente en la negociación espuria en torno al nombramiento de cargos públicos», argumenta Janot.
En su extensa denuncia de más de 200 páginas, el fiscal pide que los ocho acusados, entre los que figuran también cinco exministros, indemnicen a Petrobras con 6.800 millones de reales, además de perder sus cargos públicos y arriesgarse a penas que oscilarían entre los tres y los ocho años de prisión.
– «Mentiras» –
Lula, que enfrenta cinco causas judiciales, fue condenado en julio a 9 años y medio de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero, al ser considerado beneficiario de un tríplex ofrecido por la constructora OAS a cambio de su influencia para obtener contratos en Petrobras.
Autorizado a recurrir en libertad, el expresidente, niega todos los cargos y afirma ser víctima de una persecución judicial con el fin de impedirle presentar su candidatura en los comicios de octubre de 2018.
Para su defensa, la denuncia de Janot es otra «acción política» dentro de esta estrategia, mientras que el equipo de Rousseff consideró las acusaciones sin «cualquier fundamento», al igual que el PT, que las tachó de «mentiras».
«Se hará Justicia y no prevalecerá el Estado de Excepción. No hay más espacio para la Justicia del Enemigo», reaccionaron los asesores de la exmandataria en una nota.
El Supremo Tribunal Federal (STF) debe decidir ahora si acepta esta nueva denuncia de Janot, quien finaliza su periodo de cuatro años como fiscal general el próximo 17 de septiembre.
Muy activo en la lucha contra el fraude, el procurador ya acusó a Temer en junio por «corrupción pasiva», en base a una conversación grabada por uno de los dueños de la empresa cárnica JBS en la que el mandatario parecía consentir el pago de un soborno a un diputado preso para comprar su silencio.
La Cámara de Diputados rechazó sin embargo en agosto encaminar el caso a la corte suprema.
Antes de dejar el cargo, se espera que Janot presente una segunda denuncia contra Temer, por obstrucción a la justicia o asociación criminal.
