El vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, criticó públicamente la reciente ley de amnistía aprobada por la administración de Delcy Rodríguez, al señalar que el nuevo instrumento legal excluye a militares procesados por razones políticas.
A través de un mensaje publicado en la red social X, el abogado comparó la normativa actual con la Ley de Amnistía Política General promulgada el 17 de abril de 2000 durante el gobierno de Hugo Chávez. Himiob subrayó que aquella legislación, publicada en la Gaceta Oficial N.º 36.934, sí contempló tanto delitos ordinarios como militares.
La “Ley de Amnistía Política General” del 17 de abril del año 2000, G.O. 36.934 (sí, durante el gobierno de Hugo Chávez) concedió amnistía a todo el que hubiese cometido delitos ordinarios o militares.
— Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) February 22, 2026
Sí, los militares también.
Nada más, sólo eso… pic.twitter.com/XV6xAprYj9
"La ‘Ley de Amnistía Política General’ del 17 de abril del año 2000, G.O. 36.934 (sí, durante el gobierno de Hugo Chávez) concedió amnistía a todo el que hubiese cometido delitos ordinarios o militares. Sí, los militares también. Nada más, sólo eso…", escribió el jurista, en un mensaje que generó reacciones dentro del debate político y jurídico.
Amnistía en Gaceta Oficial
La observación de Himiob surge tras la publicación en Gaceta Oficial de la nueva ley de amnistía, que deja fuera a los integrantes de la Fuerza Armada procesados por causas vinculadas a supuestos delitos militares. De hecho, Foro Penal ha documentado en reiteradas oportunidades la existencia de uniformados detenidos que considera víctimas de persecución por motivos políticos.
El abogado sostuvo que la exclusión no obedece a un obstáculo jurídico, sino a una decisión política. Al contrastar ambos marcos legales, recordó que la normativa del año 2000 buscó amparar a quienes participaron en hechos con motivación política, incluidos militares vinculados a las intentonas de golpe de Estado de 1992.
En cambio, la amnistía aprobada en 2026 establece límites que impiden que los uniformados actualmente privados de libertad puedan beneficiarse de la medida. Lo que —según organizaciones de derechos humanos— crea un tratamiento diferenciado frente a otros detenidos por razones políticas.
