El gobierno de Nicolás Maduro rechazó con firmeza el más reciente informe de la ONU, elaborado por la Misión Internacional de Determinación de los Hechos, que documenta graves violaciones a los derechos humanos y represión política en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio del año pasado.
La delegación venezolana ante el Consejo de Derechos Humanos calificó el documento como una “parodia”, argumentando que carece de legitimidad y rigor. Según el diplomático oficialista, la Misión de la ONU fue creada con fines políticos y no para proteger los derechos humanos, integrando un supuesto plan de injerencia internacional.
“No solo el contexto deslegitima la existencia de una misión nula e impráctica, sino que su novelero desempeño la desacredita por sí misma. Cita fuentes dudosas, utiliza testimonios inventados o no verificados, emplea estadísticas sin rigor metodológico, tiene probada motivación política y no ha pisado y jamás pisará territorio venezolano”, sostuvo el representante del gobierno de Maduro.
Postura del gobierno venezolano frente a la ONU
El diplomático insistió en que Venezuela respeta los derechos humanos “conforme al mandato constitucional” y rechazó cualquier intento de validar lo que describió como un ataque contra la soberanía del país.
“No nos vamos a prestar para validar semejante parodia”, enfatizó. Recordó además antecedentes de presión internacional: “En 2015 el gobierno de Barack Obama designó a Venezuela como amenaza inusual y extraordinaria. En 2017 se crea el fracasado Grupo de Lima y en 2019 se quiso imponer un gobierno paralelo. Es en ese marco que se crea esta Misión. ¿Queda alguna duda de que no tiene nada que ver con los derechos humanos sino con el cambio de régimen en Venezuela?”, señaló.
El rechazo del gobierno venezolano refleja la tensión permanente entre Caracas y los organismos de la ONU encargados de supervisar la situación de los derechos humanos en el país.
Hallazgos principales del informe
La Comisión de la ONU presentó en Ginebra un informe que describe la persistencia del “crimen de persecución por razones políticas” en Venezuela y documenta un aumento de la represión posterior al fraude presidencial.
El documento concluye que no existe una autoridad nacional con capacidad efectiva para investigar y sancionar los crímenes cometidos, y advierte que “la única esperanza de justicia para las víctimas recae en la comunidad internacional”.
Marta Valiñas, presidenta de la Comisión de la ONU, señaló que, de las 25 muertes registradas durante la represión postelectoral, 14 fueron documentadas oficialmente y en 12 de ellas intervinieron directamente fuerzas de seguridad. Entre los casos más graves destacó las protestas en Maracay, estado Aragua, donde seis personas fueron asesinadas por funcionarios militares.
Impunidad y denuncias sin respuesta
El informe de la ONU denuncia además que, un año después de los hechos, la Fiscalía de Maduro no ha presentado resultados concretos, responsabilizando a la oposición por la situación.
“El patrón de persecución política ha continuado en 2025 contra quienes defienden derechos humanos y libertades. Hasta el momento, todas las muertes permanecen en la impunidad”, indicó la presidenta de la Comisión.
El informe documenta que cinco personas detenidas tras la represión poselectoral murieron mientras estaban bajo custodia del Estado, sin recibir atención médica oportuna pese a las reiteradas alertas sobre su estado de salud.
Con información de El Nacional
