El Gobierno de Nicaragua arremetió este jueves contra organismos humanitarios, a los que calificó de “violadores” de derechos, en el día en que el mundo conmemora el Día Internacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos.
“Hay quienes se atreven a decir que hablan en nombre de derechos humanos, cuando son los principales violadores de los derechos humanos en todo el mundo, ya no se diga en nuestra América”, dijo la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, a través de medios del Gobierno que dirige su esposo, el presidente Daniel Ortega.
La primera dama hizo sus declaraciones un día después de que la alianza global Civicus Monitor, que monitorea y compara las libertades cívicas a nivel mundial, ubicó a Nicaragua como país “cerrado”, la calificación más baja en el cumplimiento de los derechos humanos.
La calificación de Civicus Monitor es la más reciente de una serie de críticas que realizan los organismos humanitarios al Gobierno de Ortega, desde 2018, cuando protestas antigubernamentales dejaron cientos de muertos.
En su más reciente informe, emitido en noviembre pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), elevó de 328 a 255 el número de muertos en las protestas antigubernamentales que ocurrieron en Nicaragua entre abril y julio de 2018 y señaló al Gobierno de Ortega de cometer crímenes de lesa humanidad.
“Se atreven a proclamarse certificadores de los que cumplen y los que no cumplen, por supuesto, que los que son de su agrado, aunque sean igual de violadores de derechos humanos, aunque hayan dejado a montones de muchachos y muchachas sin ojos en tiempos recién”, resaltó Murillo, en referencia a denuncias sobre lesiones oculares causadas a manifestantes en diferentes países, similares a las que se conocieron en Nicaragua en 2018.
«Armas de destrucción»
“A los que no somos sumisos nos ponen en las categorías que ellos quieren, claro, porque los derechos humanos, ellos dicen que son el Día de los Derechos Humanos, los derechos humanos se han convertido, en la agenda de estos organismos, se han convertido en armas de destrucción”, agregó.
En su alocución, la primera dama nicaragüense identificó la ejecución de diferentes proyectos estatales de infraestructura como “derechos humanos”, en contra de lo que la oposición califica de “obligaciones”.
Según organismos como la CIDH y la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Nicaragua vive una crisis humanitaria desde 2018, que incluye “ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales, desplazamientos forzosos, arrestos arbitrarios”, entre otros.
En 2018 el Gobierno de Ortega expulsó de Nicaragua las misiones de la CIDH y de la Acnudh, además, despojó de su personalidad jurídica al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). Desde entonces las autoridades nicaragüenses solamente han admitido la presencia del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en el país.
En noviembre pasado Ortega y Murillo fueron reelegidos en sus cargos en unos comicios que causaron controversia por la baja cantidad de votantes y cuya legitimidad fue rechazada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea, pero celebrada por los Gobiernos de Corea del Norte, Cuba, Irán, Rusia, Siria o Venezuela. EFE
