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El Gobierno de Venezuela rechazó este jueves la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de iniciar exámenes preliminares por presuntos crímenes en el país durante manifestaciones opositoras que dejaron unos 125 muertos en 2017.

“Venezuela rechaza de manera firme y categórica la apertura de un examen. Venezuela es un Estado democrático y social, de derecho y de justicia, que otorga preeminencia a los Derechos Humanos”, señala un comunicado de la Cancillería.

Sin embargo, el ministerio de Exteriores aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro brindará plena contribución para que se diluciden los hechos.

Según un comunicado que la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, difundió este jueves, la medida respondió a informes sobre uso de fuerza excesiva por los cuerpos de seguridad del Estado para dispersar y reprimir protestas, y empleo de medios violentos por parte de manifestantes opuestos al gobierno.

“El pueblo venezolano fue víctima de alteraciones del orden público organizadas por sectores de la oposición venezolana extremistas y antidemocráticas, con la finalidad de derrocar el gobierno”, acotó el comunicado de la Cancillería.

Venezuela lamentó que Bensouda no contactara al Estado venezolano antes de difundir el comunicado, alterando el debido proceso.

Más temprano, el fiscal general, Tarek William Saab, restó validez a la decisión. Su información pudiera parecer sesgada, dijo Saab ante la prensa, dirigiéndose a Bensouda.

Saab indicó que la CPI sólo actúa en casos de violaciones de derechos humanos que no han sido judicializados o investigados por el Estado, lo que a su juicio no ocurre en Venezuela.

Aseguró que su despacho ha atendido las denuncias coordinadamente con el sistema de justicia nacional.

Muchos de esos casos no solamente han tenido imputación, sino acusación. No habrá impunidad, aseguró Saab, quien recordó que Maduro prohibió el uso de armas de fuego para dispersar manifestaciones.

Saab citó un caso emblemático, el de David Vallenilla, quien murió el 22 de junio después que un militar le disparara a quemarropa perdigones de plomo cuando protestaba con otros jóvenes que lanzaban piedras y cócteles molotov contra una base aérea en Caracas.

El supuesto responsable está preso, acusado de homicidio calificado ejecutado con alevosía y motivo fútil, recordó el fiscal.

Las protestas contra Maduro tuvieron lugar entre abril y julio de 2017. La exfiscal general Luisa Ortega, exiliada tras romper con el mandatario en medio de las movilizaciones, denunció crímenes de lesa humanidad ante la CPI.




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