(Cortesía)

El Presidente (E) de la República reiteró que el gobierno de Nicolás Maduro continuará recibiendo el repudio de la comunidad internacional democrática, una vez fue publicada la actualización de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que confirma los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura.

“A quienes aún sostienen a la dictadura: el repudio del mundo solo va a aumentar y tendrá consecuencias para ustedes”, dijo el mandatario este martes a través de su cuenta personal de Twitter.

Guiaidó mencionó que el informe de la Bachelet deja en evidencia, una vez más, “de que Maduro lidera un grupo de delincuentes, que tiene como objetivo continuar secuestrando y saqueando Venezuela”.

“Se ratifica lo que las fuerzas democráticas, ONGs y sociedad civil hemos denunciado y enfrentado: la manipulación y corrupción del sistema de justicia en Venezuela, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y la tortura por parte de los órganos de represión de la dictadura”, declaró al Centro de Comunicación Nacional.

De la misma forma, Juan Guaidó destacó “que el Gobierno de Maduro protege y tiene de aliados a grupos irregulares armados como el ELN y disidentes FARC; además de cederles espacios del Arco Minero”.

“Llamamos a la comunidad internacional a calificar este oro como “Oro de Sangre” para evitar su contrabando y destrucción del Amazonas”, expresó el mandatario encargado de Venezuela.

Guaidó señaló estar trabajando para proteger a los venezolanos y las riquezas del país: “La única solución posible es el Gobierno de Emergencia Nacional”.

“Hoy no queda margen para la duda en el mundo sobre la caracterización del régimen de Maduro y la necesidad de una solución que pasa por elecciones presidenciales libres. La comunidad internacional nos acompaña en esta causa y seguimos luchando hasta vencer”, agregó.

Guaidó de la msima forma anunció que su gobierno interino firmó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, el cual busca establecer un sistema de visitas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.




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