Los exjefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), a propósito del enjuiciamiento penal al que se encuentra sometida la expresidenta constitucional y de transición de Bolivia, Jeanine Añez, hacen saber que para la democracia en la región es imprescindible el respeto de los derechos humanos como la garantía del Estado de Derecho.
Preservar el hilo constitucional y las reglas de sucesión en medio de toda crisis política, como lo muestra la experiencia en América Latina, son el antídoto contra las aventuras militaristas y sus golpes de Estado.
En el caso de Bolivia, en noviembre de 2019, asumió la presidencia la senadora Jeanine Áñez quien, como segunda vicepresidenta de la Cámara Alta, ante la renuncia del presidente y primer vicepresidente del Senado, en la línea de sucesión le correspondía legítimamente conducir la profunda crisis en que estaba sumido el país por la cadena de vulneraciones constitucionales cometidos por el expresidente Evo Morales: el desconocimiento del referéndum del 21 de febrero de 2016 que le prohibía reelegirse, y el afirmar, con apoyo de una justicia constitucional controlada, que su reelección era un derecho humano, presentándose ilegalmente a elecciones con el intento de ejercer un cuarto mandato.
Condenan criminalización de transiciones democráticas
La declaración de Idea señala, que en octubre de 2019 había perpetrado un fraude electoral demostrado por la auditoría vinculante que el mismo Morales solicitara de la OEA y que él reconoció, al pedir nuevas elecciones y que se designasen nuevos vocales en el Tribunal Supremo Electoral. A pesar de ello renunció e inmediatamente abandonó el país dejando vacante el cargo presidencial. Los poderes constituidos, la Asamblea Legislativa y el Tribunal Constitucional Plurinacional, controlados por el partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), reconocieron el carácter constitucional de la presidencia de Jeanine Añez mediante sendas leyes que no sólo sancionó la Asamblea y promulgó la presidenta, sino que prolongaron su mandato hasta tanto se realizaran elecciones presidenciales, que se vieron postergadas por la pandemia mundial del coronavirus.
La presidenta, en estricto apego a la Constitución reconoció el resultado del proceso y dejó el cargo, como correspondía el 8 de noviembre de 2020, día de la posesión de Luis Arce, ganador de los comicios.
Hoy, el presidente Arce reniega de sus palabras de reconocimiento del carácter constitucional de su antecesora, pronunciadas cuando era candidato, cuestionando así su propia legitimidad. El gobierno de Añez trabajó con la Asamblea Legislativa y promulgó 78 leyes sancionadas por esta, incluyendo la normativa electoral. El garante de la Constitución, el Tribunal Constitucional Plurinacional, comunicó públicamente la validez de la sucesión, recibió a Áñez como presidenta para inaugurar el Año Judicial y reconoció su mandato.
Reconocimiento por la comunidad internacional
El gobierno constitucional transitorio de Añez igualmente fue reconocido por la comunidad internacional incluyendo a Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón, Turquía, Rusia, China y países de la región. La Unión Europea, el gobierno de España, el representante del secretario general de la ONU y la Iglesia Católica, actuaron como facilitadores de las discusiones, durante varias semanas, entre el gobierno constitucional de transición y el partido de Morales. Gracias a esa tarea se convocó a nuevas elecciones y se eligió por unanimidad al nuevo Órgano Electoral.
Ahora, un juzgado local pretende sentenciarla, acusada por el fiscal general designado por Morales, que permaneció en el cargo durante la transición y reconoció abiertamente a Añez como presidenta constitucional, imputándole haber promovido y llevado a cabo un golpe de Estado.
Una exmandataria solo puede ser procesada ante el Tribunal Supremo en un Juicio de Responsabilidades. Se trata de una acusación inventada sobre un hecho que no existió. La expresidenta está detenida ilegalmente.
Estando detenida se le abrió este proceso carente del mínimo fundamento. Le han desdoblado las acusaciones con tipificaciones abrogadas. El mismo Tribunal Constitucional que la reconoció como mandataria constitucional, le niega el derecho a que se controle constitucionalmente el atentado del que es víctima.
Idea sostiene que, en consecuencia, ante la imposibilidad de que el Estado boliviano garantice justicia a la expresidenta Añez, y ante el enorme daño que significa para las democracias en la región criminalizar la preservación del hilo constitucional, consideramos que corresponde al Secretario General de Naciones Unidas, a la OEA y la Unión Europea, como testigos y facilitadores de la transición constitucional presidida por la expresidenta Áñez, repudiar la intención de sentenciarla de forma arbitraria, abusiva, ilegal e inconstitucional.
Fuente: Democrática de España y las Américas (IDEA)
