Dayrí Blanco | @DayriBlanco07
En 2007 comenzó a escribirse la historia más oscura de la industria cementera. A finales de ese año, el entonces presidente, Hugo Chávez, ordenó la nacionalización de todas las empresas del sector y la debacle inició. Hoy, la planta ubicada en la Zona Industrial Carabobo de Valencia, trabaja a 25% de su capacidad por falta de inversión del Ejecutivo.
Solo esa planta de cuatro en la entidad está operativa en la actualidad, las otras tres están en su peor momento: La ubicada en el sector El Cambur de Puerto Cabello está en paro técnico desde 2013; la de La Cúmaca, en la Variante San Diego-Guacara,está detenida desde hace un año; y la planta de agregados, que es una arenera, instalada en San Joaquín, al oriente de Carabobo, tiene año y medio paralizada.
A eso se le suma que el área de transporte también está detenida porque las unidades encargadas de hacer el surtido de la poca producción están accidentadas por falta de repuestos como cauchos y baterías.
Los 120 trabajadores que forman parte de la industria de manera directa en la región son los principales afectados. “Ganamos salarios de hambre. Con el reciente aumento de sueldo recibimos 120 mil bolívares a la semana que no nos alcanza ni para un kilo de arroz”. Además, desde hace un año no reciben dotación de uniformes. “Sabemos que hay una situación país, pero el Gobierno debe cumplir que nuestro derecho constitucional de un salario que nos permita cubrir las necesidades básicas”. Pero no solo ellos son los perjudicados: “Tener las cementeras paralizadas es tener la construcción en cero y eso afecta a todos los venezolanos”.
