Jorge Roig, asesor de la oposición venezolana en los diálogos con el Ejecutivo, dijo hoy en una entrevista para Onda, que el Gobierno de Nicolás Maduro está empeñado en que las elecciones presidenciales se realicen el 8 de abril, fecha que la oposición rechaza porque no cumple las condiciones que buscan.
Garantías para unas elecciones justas y transparentes, junto con cambios en el Consejo Nacional Electoral (CNE), del que desconfían, es una de las peticiones opositoras en las negociaciones que se llevan a cabo en República Dominicana.
La Asamblea Nacional Constituyente, órgano plenipotenciario compuesto solo por oficialistas y no reconocido por la oposición y varios Gobiernos por considerar su proceso de elección e instalación como fraudulento, aprobó recientemente un decreto en el que se ordena que las presidenciales se realicen antes de mayo.
Roig, también expresidente de la patronal Fedecámaras, reiteró que el tema electoral es uno de los principales escollos para un acuerdo definitivo, asunto en el que Gobierno, dijo, ha cedido en algunos puntos.
A su juicio, hay posiciones dentro de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para que se acepte una fecha aunque sea posterior y sean unas garantías, por las que podría haber suficientes posibilidades para participar.
Comentó que no se firmó ningún preacuerdo tras la última ronda de diálogos sino una minuta que quedó en poder del presidente dominicano, Danilo Medina.
El asesor calificó los encuentros de los dos equipos como fuertes y tensos y pidió a los venezolanos confiar en el proceso a pesar de las dificultades y la tardanza en que este dé resultados.
En los diálogos en Santo Domingo, que se reanudarán el próximo lunes, la oposición pide, además de garantías electorales, la restitución de todos los poderes del Parlamento, de mayoría opositora, la liberación de todos los que califica como presos políticos y que se abra un canal humanitario para la entrada de alimentos y medicinas.
Por el oficialismo, se pide que se suspendan las sanciones económicas internacionales contra el Ejecutivo y que se reconozca a la Asamblea Constituyente
