La juez estadounidense Marcia G. Cooke fijó este viernes para el 9 de enero la audiencia para escuchar los argumentos del recurso de hábeas corpus presentado por el expresidente panameño Ricardo Martinelli, cuya extradición fue solicitada a EE.UU. por el Tribunal Supremo de Justicia de Panamá.
Cooke está a cargo del recurso presentado por Martinelli después de que el juez estadounidense Edwin Torres determinara el 31 de agosto pasado que cabía su extradición para responder por un caso de escuchas ilegales durante su Gobierno del que fueron víctimas 150 personas, incluidos periodistas, empresarios y políticos.
El expresidente (2009-2014), que está detenido en Miami desde el 12 de junio pasado a raíz de la solicitud de extradición, no ha agotado todavía los recursos legales para evitar ser entregado a Panamá.
Sin embargo, sus sucesivas peticiones de libertad bajo fianza han sido denegadas.
La jueza Cooke, de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, instruyó a cada una de las partes a dar una serie de pasos, con el fin de «resolver esta disputa de manera eficiente y expedita» en una de sus primeras actuaciones a comienzos de octubre.
El recurso está dirigido al fiscal general de EE.UU., Jeff Sessions, el secretario de Estado, Rex Tillerson, y el jefe en activo del centro de detención de Miami donde está recluido Martinelli, Robert Wilson.
Los delitos por los que se requiere a Martinelli son malversación de fondos (peculado) y escuchas ilegales.
El recurso se basa en un precedente creado por el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos al pronunciarse en contra de la extradición de un ciudadano canadiense solicitado con base en un desacato, según informó en octubre el equipo legal del exmandatario.
La defensa de Martinelli afirmó, como hizo ante el juez Torres, que el magistrado de la Corte Suprema panameña Harry Díaz ignoró completamente la fase de imputación en el procedimiento contra el expresidente Ricardo Martinelli.
También la apelación se sustenta en la aplicación del Tratado de Budapest sobre delitos informáticos de manera retroactiva, algo que a juicio de la defensa no es conforme a derecho.
Además de este recurso, el Tribunal Supremo de Estados Unidos recibió a finales de julio dos peticiones de los abogados de Martinelli: una para que se le pusiera en libertad de manera inmediata y otra para que no se le extraditara.
En agosto pasado el Tribunal Supremo denegó a Martinelli la petición que formuló para que no se le extraditara.
«Me voy a quedar fuera de Panamá el tiempo que sea necesario para que (el jefe del Estado panameño, Juan Carlos) Varela no pueda inhabilitarme para el 2019 (cuando Panamá celebrará elecciones generales). Eso es lo que más quiere. Si tiene miedo que se compre un perro», publicó Martinelli en Twitter a fines de noviembre.
Por ser diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), las cerca de 10 causas penales contra Martinelli las ha abierto la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá, a la que el exgobernante acusa de manipular sus casos por supuesta orden de Varela en el marco de una «persecución política».
Uno de los «muchos escenarios» que baraja la defensa de Martinelli es que este renuncie al Parlacen, según dijo en su día a Efe su portavoz y exministro de Comunicación del Estado, Luis Eduardo Camacho.
Al dejar de ser diputado centroamericano, un cargo al que acceden automáticamente los presidentes de la región al salir del cargo, los casos en contra del expresidente pasarían a los tribunales ordinarios lo que, en teoría, alargaría los procesos.
