Justicia de Colombia impone primera condena por crimen de reporteros ecuatorianos
/ Foto: Cortesía (Noticias Ecuador)

La justicia de Colombia impuso una condena de casi 29 años de prisión a un guerrillero que se apartó del pacto de paz por su participación en el secuestro y asesinato de un equipo periodístico ecuatoriano en 2018, anunció la fiscalía este martes.

Jesús Vargas, conocido con el alias de Reinel y quien ejercía como mando medio del grupo armado Oliver Sinisterra, deberá cumplir 28 años y ocho meses de cárcel por el crimen de los trabajadores del diario El Comercio en la frontera entre ambos países.

Se trata del primer condenado por un caso repudiado internacionalmente.

El periodista Javier Ortega (32 años), el fotógrafo Paúl Rivas (45) y el conductor Efraín Segarra (60) resultaron secuestrados en Ecuador por disidentes de las extintas FARC el 26 de marzo de 2018.

“Posteriormente, quedaron a cargo de alias “Reinel”, quien fue el encargado de custodiarlos hasta que alias Guacho, entonces cabecilla de la estructura disidente, ordenó asesinarlos”, detalló la fiscalía colombiana en un comunicado.

Tres cuerpos en una fosa clandestina

Los cuerpos resultaron hallados tres meses después del secuestro en una fosa clandestina ubicada del lado colombiano de la frontera, en el departamento de Nariño (sur), la zona con más narcocultivos del mundo.

El ecuatoriano Walther Arizala, conocido con el alias de Guacho, terminó abatido por militares colombianos en diciembre del mismo año.

De 29 años, Reinel, detenido en julio de 2018, aceptó su responsabilidad en los hechos.

Según la fiscalía, realizó “un acto virtual de perdón con los familiares de las víctimas”, agregó la fiscalía colombiana.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseguró en un reporte que las acciones de Ecuador para proteger a los reporteros asesinados “fueron insuficientes”.

“Responsabilidad del Estado”

En un comunicado conjunto, los familiares de las víctimas y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) aseguraron que el fallo es “relevante”, pero criticaron a la fiscalía colombiana.

“No ha sido diligente en su investigación (…) y tampoco ha dado con todos los autores materiales ni intelectuales” del crimen, reza el texto.

Los captores pretendían la excarcelación de allegados a Arizala presos en Ecuador a cambio de la liberación de los rehenes. Según los disidentes, la negociación se frustró por los operativos de las autoridades colombianas.

“Se ha omitido indagar sobre aspectos que comprometerían la responsabilidad del Estado colombiano”, reclamó la FLIP, alegando que se adelantaron “acciones militares (…) a sabiendas del riesgo que esto podría implicar en las negociaciones de liberación”.

Sin un mando unificado, los disidentes que se apartaron del pacto de paz firmado por las FARC en 2016 suman unos 2 mil 500 militantes y se nutren principalmente del tráfico de drogas y la explotación ilegal de oro y otros minerales, de acuerdo con inteligencia militar.

La frontera colombo ecuatoriana es uno de los territorios más golpeados por el rebrote de la violencia en Colombia tras la firma del pacto de paz. El país registra 23 masacres, o asesinatos de mínimo tres personas en la misma acción, en lo que va del año, según el observatorio Indepaz.

Expertos señalan al Estado de no haber asumido el control de los territorios dejados por los rebeldes, lo que facilitó la consolidación de bandas de disidentes y narcotraficantes.

© Agence France-Presse




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