Los donativos son la última esperanza para salvar vidas. Ana Rosario Contreras, una veterana enfermera, encabezó la caravana. “Sabíamos que había entrado un cargamento de medicamentos, pero no teníamos certeza de qué había ingresado y cómo sería su distribución”.
Los manifestantes estaban conmocionados por la muerte de seis niños en el Hospital José Manuel de los Ríos, pero después de conversar con representantes de Cruz Roja Venezolana ratificaron que debían esperar. La ayuda entrante es insuficiente para reponer la escasez que sufre un país que no ha vivido una guerra, pero sí padece efectos similares.
Está previsto que en su etapa inicial el plan de ayuda de Cruz Roja beneficie a 650 mil personas. Pero en abril el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Mark Lowcock, señaló que se necesita asistencia para siete millones de personas en Venezuela.
Todos saben que la solución se puede demorar de forma indefinida y la prolongación del conflicto político y la crisis ha acelerado el éxodo forzoso, pues la situación del país se hace cada vez más precaria con la hiperinflación que empobrece a los venezolanos, la crisis eléctrica que padecen gran parte de los Estados del país y la escasez de combustible que ha empezado a limitar el ya reducido abastecimiento de alimentos, en medio de un conflicto de poderes entre el chavismo y la lucha por la transición de Juan Guaidó.
En febrero la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) reportaba que el número de venezolanos en el extranjero alcanzaba los 3,4 millones. Tres meses después, un nuevo informe del organismo reporta que más de cuatro millones se han ido, 600 mil personas más, a razón de seis mil por día, en medio de la peor crisis e incluso con las fronteras cerradas, cifras que el canciller, Jorge Arreaza, cuestionó por creer que se trata de una estrategia contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
Para Feliciano Reyna, director de la ONG Acción Solidaria, la emergencia humanitaria está lejos de resolverse. Aunque se avanzó en la activación de los mecanismos de Naciones Unidas y Maduro aceptó el apoyo humanitario de la Cruz Roja, todavía no se concreta la entrada de la ayuda y, en paralelo, la precariedad crece en el país. “La supervivencia aquí está en riesgo. En 2015 se comenzó a formar la ola de este tsunami que ya entró al país y sigue arrasando. Para detener ese daño hay que hacer esfuerzos enormes”.
Contener la emergencia, causante del incómodo éxodo, implica atender a millones de pacientes de distintas enfermedades crónicas. En mayo, un informe de la ONG internacional ACAPS, que monitorea las crisis humanitarias en el mundo, consideró que la situación era de alta severidad al indicar que 14,9 millones de personas en Venezuela requieren de la ayuda humanitaria, que equivale a más de la mitad de la población. Esa es gente, apunta Reyna, cuyas capacidades de supervivencia están en riesgo hasta tal punto que tendrían que marcharse del país.
Para la Comisión Especial de Seguimiento a la Ayuda Humanitaria creada en el Parlamento, las dimensiones de la crisis en realidad alcanzan a 19,8 millones de venezolanos, de los cuales 6,9 millones no tienen acceso a medicamentos por el desabasto y los altos costos de los pocos que están disponibles. Además, 324.000 niños menores de cinco años no tienen segura su alimentación. Los números presentados a principios de junio dibujan, de acuerdo con los diputados, el escenario de una catástrofe humanitaria.
El activista reconoce la importancia de que sea permitida por primera vez la entrada de cargamentos anunciados como ayuda humanitaria con el consentimiento de Maduro, pero recuerda que desde 2016 muchas ONG venezolanas atienden a grupos vulnerables. “Eso le da un piso más sólido a la movilización. Pero tendríamos que, mientras transcurre el camino del conflicto político, porque es imperativo, urgente, no hay adjetivo posible para decirlo, abrir por completo el espacio humanitario para que actores nacionales o internacionales puedan ingresar al país a atender a quienes están en mayor riesgo”, destaca. Su organización, Acción Solidaria, entrega mensualmente tratamientos médicos para 15 mil pacientes presionados por las dificultades de Venezuela.
Aunque la emergencia humanitaria está declarada desde 2016 por la Asamblea Nacional, fue el 16 de abril cuando finalmente entraron de manera formal 24 toneladas de ayuda humanitaria traídas por Cruz Roja Internacional: plantas eléctricas, pastillas potabilizadoras, productos de higiene y algunos medicamentos fueron repartidos en unos pocos hospitales y comunidades. La llegada, sin embargo, no significó una asistencia continua. A principios de mes, el director del organismo en Venezuela, Mario Villarroel, reconocía que, aunque tenían autonomía para llevar la ayuda, necesitaban la autorización del Gobierno de Nicolás Maduro para poder entregarla.
A la declaración siguió la firma de una “hoja de ruta” entre el Ministerio de Salud venezolano y la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja para aumentar la asistencia en Venezuela. También firmaron un convenio con la empresa rusa Geropharm para producir insulina en Venezuela. Sin embargo, el chavismo niega insistentemente la crisis humanitaria y se opone a la ayuda internacional tildándola de injerencia. El bloqueo que impuso el Gobierno de Maduro a la búsqueda de soluciones a la crisis, convirtió la labor humanitaria que vienen haciendo decenas de ONG en el país desde hace tres años en una actividad casi clandestina.
