Foto AFP

Al menos un muerto y cuatro heridos dejaron hoy las protestas contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega en el marco de una crisis sociopolítica que ha segado la vida de cerca de 200 personas, y en medio de un diálogo nacional que avanza a cuenta gota.

En la ciudad de Masaya (sureste), cuna del sandinismo, murió un hombre que protestaba contra el Gobierno al recibir un disparo en uno de sus ojos, según informaron manifestantes «autoconvocados».

La víctima fue identificada como Darwin Potosme, un zapatero de 33 años, quien se encontraba resguardando una barricada como parte de las protestas antigubernamentales y habría recibido un disparo de un francotirador policial, según testigos y compañeros.

En Masaya, 28 kilómetros al sureste de Managua y una de las ciudades más golpeadas durante las protestas, han perdido la vida al menos 13 personas, según organismos humanitarios.


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En ese choque entre Policía y manifestantes, también resultaron dos civiles heridos.

En la ciudad de Rivas (sur) se reportaron otros dos heridos cuando la Policía Nacional desalojó a balazos y con morteros a un grupo de manifestantes que se mantenía en una barricada, según los «Autoconvocados».

Durante la jornada de hoy, se le dio el último adiós a seis miembros de una familia de Managua que murieron abrasados durante un incendio provocado por encapuchados y que ha conmocionado a Nicaragua.

El nuevo nuncio apostólico en Nicaragua, el obispo polaco Stanislaw Waldemar Sommertag, instó a los nicaragüenses a orar para alcanzar la paz y superar la sangrienta crisis. «Todos debemos de orar para conseguir la paz en Nicaragua. Ese es el deseo del Santo Padre», dijo el obispo polaco a periodistas, tras participar en una eucaristía en la Catedral de Managua, presidida por el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes.

Consultado sobre los responsables de la crisis, el nuncio dijo que «cada uno tiene sus responsabilidades de frente al pueblo, de frente a Dios, de frente a sí mismo».

El representante del Papa Francisco en este país subrayó que es vital promover la justicia y no la venganza, y que no hay otra alternativa que el diálogo.

La Junta Directiva de la Asamblea Nacional (parlamento), controlada por el oficialismo, demandó retirar los bloqueos que mantienen los manifestantes, porque «los tranques y sus promotores son los generadores del terrorismo en nuestro país».

Mientras que la denominada Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil abogó por reforzar y levantar más tranques en las carreteras para presionar la salida de Ortega.

El diálogo entre el Gobierno de Nicaragua y la oposición se reanudará este lunes, luego que se conformaran dos mesas de trabajo para debatir las reformas jurídicas y electorales propuestas por los obispos para superar la crisis, que implican un adelanto de las elecciones para marzo de 2019.

Las partes constituyeron la Mesa Electoral y la Mesa Judicial, integradas cada una por 3 representantes del Gobierno y 3 de la Alianza por la Justicia y la Democracia, que aglutina a los universitarios, empresarios, miembros de la sociedad civil y campesinos.

Las mesas tendrán que discutir la hoja de ruta planteada por los obispos para solucionar la crisis, que incluye la celebración de elecciones el 31 de marzo de 2019, la renuncia de los miembros del Poder Electoral y una nueva ley de partidos políticos, entre otras medidas.

Las partes también conformaron la denominada «Comisión de Seguridad y Verificación», que estará integrada por 12 miembros y que se encargará de trazar un plan para levantar las barricadas que mantienen los manifestantes en distintos puntos del país.

Nicaragua está sumida en una crisis sociopolítica que según organismos humanitarios ha dejado entre 178 a 200 muertos, la más sangrienta desde la década de 1980, cuando Ortega también era presidente.

Las protestas contra Ortega, que lleva once años en el poder, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas a la seguridad social, y se convirtieron en una exigencia de renuncia con acusaciones de abuso y corrupción.




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