La periodista nicaragüense Hazel Zamora fue puesta en libertad condicional tras ser acusada de «conspirar» contra el Estado de Nicaragua y la sociedad, informó este sábado la plataforma Alertas Libertad de Prensa Nicaragua.
«La periodista Hazel Zamora se encuentra en libertad condicional y debe estarse presentado diariamente a un juzgado a firmar», indicó a través de Twitter ese sitio, que documenta los casos de violaciones a la libertad de expresión y prensa en Nicaragua.
«Ser periodista NO es un delito, que cesen ya las agresiones», demandó esa plataforma, integrada en su mayoría por comunicadores.
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Zamora, directora de noticias y corresponsal del Canal 10 de la televisión en Bluefields, en el Caribe de Nicaragua, fue detenida el viernes por policías cuando viajaba junto a sus dos menores hijos en un autobús, dijo a EFE una fuente de la plataforma.
Según el Sistema del Poder Judicial, Zamora fue acusada el pasado 3 de mayo por los delitos de conspiración para el menoscabo de la integridad nacional y propagación de noticias falsas, considerados como «traición a la patria», en perjuicio de la sociedad y el Estado. Una jueza admitió la acusación, ordenó su detención y luego concedió libertad condicional.
Gremio demanda cese de «persecución»
«Seguimos demandando al régimen de Daniel Ortega que cese la persecución y criminalización contra personas periodistas», instó el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) en un mensaje.
La informadora, que fue testigo en el caso de la muerte de su colega Ángel Gahona, asesinado de un disparo hace 5 años cuando cubría a unas manifestaciones contra el Gobierno de Ortega, es la tercer periodista detenida, acusada y liberada bajo condiciones desde el miércoles pasado.
Ese día los comunicadores William Aragón y Óscar Vallecillo fueron detenidos y acusados de los delitos de conspiración para el menoscabo de la integridad nacional y propagación de noticias falsas, considerados como «traición a la patria».
Ellos forman parte de al menos 57 nicaragüenses, en su mayoría opositores y críticos con el Gobierno de Ortega, que fueron arrestados esa noche, acusados por delitos de «traición a la patria» la madrugada del jueves, y enviados bajo arresto domiciliario horas después.
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Cinco organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre ellas Raza e Igualdad, condenaron esa «una nueva ola de secuestros».
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
