(Foto referencial /cortesía)

El violento aumento salarial que multiplicará por 35 los ingresos de los venezolanos se traduce en 9 dólares más a los percibidos hasta ahora y son igualmente insuficientes para enfrentar la megadevaluación de la moneda así como el alza de precios e impuestos decretados por el Ejecutivo.

Cuando el jefe de Estado, Nicolás Maduro, anunció el pasado viernes que desde el 1 de septiembre el sueldo aumentará a 1.800 bolívares soberanos ese monto equivalía a 723 dólares al menos según la tasa oficial Dicom, a la que prácticamente ningún ciudadano tiene acceso.

Pero esta semana la moneda nacional se devaluó 95,8 % en el mercado oficial, por lo que un dólar pasó de costar 2,49 bolívares soberanos a 60, un aumento del 2.311 %.

Con el salario anterior, en teoría, un venezolano devengaba mensualmente 52 bolívares soberanos o 21 dólares estadounidenses y ahora percibirá 30 dólares, lo que sigue dejando a los trabajadores del país petrolero en la miseria.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) mide la pobreza extrema por un ingreso diario inferior a 1,25 dólares, una condición en la que ya se encontraban los venezolanos y que ha sido ratificada por el Gobierno de Maduro en medio de su plan de “recuperación económica y prosperidad”.

Aunque la relación entre las tasas del mercado oficial de dólares y el paralelo ilegal es ahora más cercana, el precio en el primero sigue estando por debajo en el renovado sistema de subastas de divisas que comenzó a operar ayer y en el que el signo local ya se depreció 0,4 % frente a la moneda estadounidense.

Los 30 dólares mensuales, que todavía no han llegado a los bolsillos de los venezolanos, serán insuficientes para cubrir los nuevos precios de productos y servicios que también experimentaron aumentos decretados por el Ejecutivo.

El chavismo publicó ayer la lista de 25 alimentos cuyos costos de venta al público fueron subidos hasta en 40.000 % y que entraron en vigencia de inmediato, a diferencia del aumento salarial.

Productos generalmente escasos en los supermercados del país -donde se consiguen mayormente a través de revendedores- como la harina de maíz, el aceite, el azúcar, el arroz y la pasta, serán ahora vigilados por miles de funcionarios que, por orden de Maduro, encarcelarán a quienes incurran en especulación.

Y en efecto, este miércoles ya fueron detenidos cuatro gerentes de establecimientos acusados de supuestamente subir indiscriminadamente los precios de los productos.

Además, los ciudadanos vivieron esta semana un aumento de facto en el precio de la gasolina que empezó a costar de cinco a diez veces más en los puntos de venta debido a una reconversión que desde el lunes le quitó cinco ceros a la moneda y por la que salieron de circulación billetes de baja denominación con los que se pagaba el combustible.

El Gobierno socialista del país con las mayores reservas de petróleo y la gasolina más barata del mundo planea limitar desde septiembre el subsidio estatal a los combustibles y empezar a venderlos a precio internacional, lo que multiplicará por 700 el costo de llenar el tanque de un vehículo mediano.

De colofón, el Ejecutivo incrementó cuatro puntos porcentuales un impuesto general sobre el consumo, lo que ha sido visto por los detractores de Maduro como una carga fiscal que el chavismo impone a los ciudadanos para “pagar” la crisis.

Si bien el jefe de Estado ha prometido ir a un déficit fiscal cero ya comenzó a depositar bonificaciones a millones de personas a través de un censo gubernamental lo que, según economistas, estimulará inflación cuyo pronóstico de cierre para finales de año es de 1.000.000 % según el Fondo Monetario Internacional.

Todo este panorama hace imposible que los venezolanos mejoren su poder adquisitivo, al menos en el corto plazo, y, en cambio, los retiene en una situación de miseria que, según augurios de empresarios, economistas y opositores, empeorará conforme pasen las semanas.




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