Mientras en Venezuela persisten la impunidad y la falta de respuestas judiciales en casos de violaciones de derechos humanos, instancias internacionales comienzan a mover expedientes que durante años permanecieron estancados.
El caso de Óscar Pérez ya llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mientras que el excoronel Ephraín Verdú enfrenta en España una solicitud de extradición a Argentina por el asesinato de Geraldín Moreno.
Para Luis Armando Betancourt, coordinador del Foro Penal en Carabobo y director adjunto de la organización, estos avances confirman que cuando la justicia no actúa dentro del país, las víctimas encuentran eco en los tribunales internacionales.
"Ayer fue un día histórico para el Foro Penal. Llevamos a Costa Rica, a la Corte Internacional de Justicia, el caso de Óscar Pérez: una ejecución extrajudicial de una persona que pidió clemencia y sin embargo fue asesinada", relató Betancourt, recordando que el caso del piloto venezolano, asesinado en enero de 2018 en una operación del gobierno, ha sido documentado y trabajado durante años. "Eso demuestra que podemos hacer justicia en otro país. Dentro de poco vamos a ver al Estado venezolano condenado por estos casos."
Betancourt es claro en que la jurisdicción internacional no es un sustituto de la justicia interna sino una consecuencia de su ausencia. "Cuando en un país no se pueden lograr las condenas requeridas en casos de violación a los derechos humanos, lo que vamos a ver a lo largo del tiempo es la jurisdicción universal", señaló.
#17Jn Intervención de @alfredoromerom directo presidente del @ForoPenal desde audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Oscar Pérez y otras víctimas. (Continuación).#QueSeHagaJusticia pic.twitter.com/MCvOAWuwyS
— Foro Penal (@ForoPenal) June 17, 2026
Verdú es la punta del iceberg: hay más responsables
El caso del excoronel Ephraín Verdú Torrelles, cuya extradición solicitó Argentina desde España por su responsabilidad en la cadena de mando que llevó a la muerte de Geraldín Moreno durante las protestas de 2014, es para Betancourt solo el inicio de un proceso más amplio. "Verdú es la punta del iceberg en el caso de Geraldín Moreno y otras víctimas de la represión en Carabobo", advirtió.
El dirigente del Foro Penal recordó que en Carabobo hay otros casos de ejecuciones extrajudiciales que deben ser investigados y juzgados. Insistió en que el avance internacional solo es posible tras de una investigación pública y transparente dentro del país. "Que todo el mundo conozca quiénes son los responsables: ese es el requisito mínimo que exigimos."
El Foro Penal también destacó el rol fundamental de las víctimas y sus familias en la construcción de los casos. "Sin la intervención de la víctima no hay un caso que podamos llevar a la jurisdicción nacional e internacional. No hubiese sido posible el avance en el caso de Geraldín Moreno sin la investigación que hicimos conjuntamente con la madre, Rosa Orozco", afirmó Betancourt.
34 presos políticos de Carabobo
Mientras los casos internacionales avanzan, la situación interna no mejora. El Foro Penal actualizó al 15 de junio sus cifras nacionales: hay 379 presos políticos en Venezuela, de los cuales 161 son militares y 218 son civiles. Del total, 354 son hombres y 25 son mujeres. Queda un adolescente detenido. Hay 160 personas ya condenadas y 219 que aún no tienen sentencia.
En Carabobo hay 34 casos registrados, distribuidos en varios centros de reclusión dentro y fuera del estado. El Internado Judicial de Carabobo concentra la mayor cantidad con 14 personas. Los demás están en El Rodeo I, El Rodeo III, el DGCIM Los Guayos, el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil), Yare II y Yare III, entre otros centros. Solo dos casos del estado tienen condena: el de Junior Misael Estrella y el caso Paramacay, que involucra a 21 personas.
Betancourt señaló como especialmente alarmante la situación de Misael Estrella, quien tiene nueve años detenido en una comisaría policial en Güigüe, un espacio que no supera los 14 metros cuadrados y donde hay 11 personas recluidas.
"¿Cómo es que una persona dura nueve años en una comisaría policial? Eso es inexplicable a la luz de cualquier derecho en el mundo y eso debemos alertarlo", exigió Betancourt, señalando que las condiciones de reclusión en todos los centros violan las Reglas Mandela, que son los estándares mínimos universales de las Naciones Unidas para la gestión de prisiones. Exigen tratar a todas las personas privadas de libertad con dignidad, prohibiendo absolutamente la tortura y garantizando los derechos básicos a la salud, la alimentación, el contacto familiar y la defensa legal.
Ley de amnistía y reforma judicial
Respecto a la ley de amnistía, el Foro Penal rechaza cualquier declaración o pronunciamiento que sugiera que dejó de estar vigente. "Las leyes se derogan por otras leyes, excepto que sean anuladas. No podemos decir que la ley de amnistía haya cesado su aplicación", afirmó Betancourt, señalando que el hecho de que no haya habido liberaciones tras su aprobación refuerza “la instrumentalización de la justicia por parte del poder ejecutivo”.
Sobre la llamada reforma judicial que se está discutiendo, el Foro Penal es igualmente crítico. "Nosotros no hemos sido convocados a esa presunta reforma judicial. Solo están los poderes públicos que han aniquilado el estado de derecho a lo largo de tanto tiempo, y ahora pretenden reformar el sistema de justicia”.
Aseguró que no hay una aproximación de cambio real. Incluso, desde punto de vista económico “nadie va a invertir en Venezuela si no se rescata el estado de derecho. Si no hay independencia del poder judicial, si no hay una reforma del poder público en general, nada en Venezuela va a cambiar”.
