El exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción y quien desde abril porfía en los tribunales para recuperar la libertad, inicia hoy otra escabrosa batalla judicial, ahora en defensa de su candidatura presidencial.

El Partido de los Trabajadores (PT) ha planteado un nuevo desafío a la Justicia al inscribir la candidatura de Lula para los comicios del 7 de octubre próximo, a pesar de que su condición de presidiario con condena en segunda instancia le impediría postularse a cualquier cargo electivo.

Esa norma figura en un ley sancionada por Lula en 2010, conocida como “Ficha Limpia”, promovida por organizaciones ciudadanas y cuya constitucionalidad fue ratificada en 2012 por el Supremo.

Sin embargo, como suele suceder con muchas leyes, el texto deja alguna brecha para la interpretación, a la que pretenden aferrarse los abogados de Lula para defender ahora su condición de candidato preso.

Esa ley establece que no puede ser candidata aquella persona que haya sido condenada mediante una decisión “transitada en juzgado”, que en la jerga jurídica brasileña supone una sentencia firme, “o por algún tribunal colegiado”, como son los de segunda instancia.

En el caso de Lula, se cumple la segunda de esas condiciones pero no la primera, pues en el proceso por el que ha sido castigado con doce años de cárcel todavía le restan apelaciones en el Superior Tribunal de Justicia y, según su resultado, ante la Corte Suprema.

Hasta ahora, por esos recursos pendientes, Lula ha denunciado que su prisión es “inconstitucional”, pues el Código Penal dice que una persona no puede ir a la cárcel hasta que no concluya por completo el proceso de apelaciones.

Sin embargo, esa norma fue modificada en 2016 por el Supremo, que consideró que una pena “puede” ser ejecutada tras una sentencia en segunda instancia, pues en las apelaciones restantes ya no se juzga la “materialidad” del delito, sino apenas cuestiones técnicas del proceso que no se refieren a la culpabilidad del imputado.

Hasta hoy, las decenas de apelaciones contra la prisión de Lula han sido rechazadas sistemáticamente por la Justicia sobre la base de esa jurisprudencia establecida en 2016, que ha sido contestada por la defensa del exmandatario con acciones que están pendientes de análisis en el Supremo.

La inscripción de su candidatura presidencial abre ahora un nuevo frente jurídico, pero en el Tribunal Superior Electoral, que deberá decidir sobre el caso en función de la ley de “Ficha Limpia”.

Apenas unas horas después del registro de la candidatura de Lula, la Fiscalía General presentó un pedido de impugnación, fundamentado precisamente en esa legislación.

El caso estará inicialmente en manos de Luis Barroso, un juez de línea dura que integra con otros seis magistrados la corte electoral y que también es miembro del Supremo, en el que ya ha se manifestado a favor de la plena aplicación de la ley de “Ficha Limpia”.

Según dijo Barroso hace dos años, “el concepto principal de esa ley es impedir que aquellas personas condenadas en segunda instancia puedan postularse y volver a la política, lo cual es muy importante y debe ser preservado en bien de la sociedad”.

En principio, la Justicia electoral tiene plazo para pronunciarse hasta el 17 de septiembre, cuando faltarán sólo 20 días para las elecciones.

Sin embargo, hay presiones para que la decisión sobre Lula sea conocida cuando antes a fin de despejar el panorama que esa compleja situación le plantea a un electorado que, según los sondeos, tiene al expresidente como favorito, con un 30 % de intención de voto.

Una de ellas procede de la propia Fiscalía, cuya titular, Raquel Dodge, dijo esta semana que la Justicia electoral tiene “el deber de decirle cuanto antes al votante quiénes son los reales candidatos”.

No obstante, si la candidatura de Lula fuera vetada, las leyes brasileñas, que muchos consideran “garantistas” en exceso, aún le permitirían otras dos apelaciones a esa decisión ante la propia corte electoral y el Supremo, que tendría la última palabra casi a las puertas de la elección más incierta que ha vivido el país.




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