El 26 de septiembre Nicolás Maduro estará en la mira por la reapertura fronteriza entre Venezuela y Colombia, pero también se convertirá en centro del debate en la presentación del tercer informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas en el diálogo interactivo entre los miembros del Consejo de Derechos Humanos.
Allí, por primera vez, se le señalará como responsable de las violaciones de derechos humanos que se han generado en el marco de “una política de Estado que ha usado métodos que constituyen crímenes de lesa humanidad”.
Esta semana, los miembros de la misión hicieron públicos sus hallazgos, entre los que se detallan nombres de torturadores, el uso de herramientas como “la señorita”, un dispositivo para deformar los cuerpos de detenidos y sumergirlos en tanques de agua y el establecimiento de un patrón para seleccionar objetivos incorporado a las prácticas de los organismos de inteligencia en Venezuela.
El abogado chileno Francisco Cox, integrante de la misión, quien antes investigó el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa por designación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y litigó ante la Corte Penal Internacional (CPI), repasa en entrevista con EL PAÍS el informe y advierte sobre las implicaciones que deberían tener sus revelaciones.
Las peores preocupaciones
—¿Qué de todo lo revelado en los tres informes de la Misión le preocupa más?
–En el primer informe manifestamos que había crímenes de lesa humanidad con políticas como detenciones arbitrarias y torturas a personas de la oposición o percibidas como disidentes del Gobierno. En el segundo informe, hicimos un análisis sobre el comportamiento del sistema de justicia y lo que concluimos es que a veces se contribuía a las detenciones arbitrarias, no se hacía un control efectivo sobre cuerpos de seguridad como Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) y la Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar). Ahora damos cuenta de las personas y de la estructura y dejamos en evidencia que hay distintas contribuciones que permiten la materialización de esta política de Estado. Nuestra mayor preocupación es que hay una implementación de una política de Estado para silenciar y perseguir a opositores o a quienes son percibidas como disidentes por parte del Gobierno de Venezuela y ahí se incluye a personas como tuiteros, o el que manifiesta una crítica al Gobierno. También se usa la detención de familiares para que los objetivos terminen entregándose.
No hay autoregulación
—El fiscal general Tarek William Saab dijo hace unos días que el sistema judicial venezolano no necesita justicia transicional que lo tutele.
–Las primeras instituciones llamadas a hacerse cargo de estos informes, proporcionar acceso a la justicia a las víctimas y hacer investigaciones imparciales son las autoridades venezolanas. El sistema internacional de justicia y la Corte Penal Internacional son complementarias a las instituciones nacionales. Pero lo que lamentablemente confirmamos con nuestro segundo informe es que la justicia venezolana no actúa con la debida imparcialidad exigida por los estándares internacionales o por los propios de la Constitución de Venezuela. Entonces habría que hacer reformas, pero no solo eso, porque en América Latina hay una tendencia a creer que con dictar una ley se cambia la situación. Tenemos decretos dictados por el propio presidente Nicolás Maduro que dicen que no se puede seguir usando la cárcel del Helicoide y sabemos que hay al menos 70 personas que continúan detenidas ahí. Creemos que hay reformas que se tienen que hacer y el hecho de que esté pendiente una decisión sobre el inicio de una investigación en la CPI da cuenta de la necesidad de que la comunidad internacional siga pendiente de la situación de Venezuela.
Posibilidad de investigar penalmente a Maduro
—En el informe por primera vez se señala que Nicolás Maduro y otros altos cargos deben ser investigados penalmente. ¿Cómo puede ocurrir eso?
–Nuestro estándar probatorio no es el de un tribunal. Decimos lo que decimos porque hay motivos razonables para investigar. No solo es la CPI la que puede hacerlo. Hay países con jurisdicción internacional que pueden iniciar sus investigaciones. Aquí hay una política de Estado que se toma desde el círculo del presidente, en la que también hay personas como Diosdado Cabello, pero también señalamos a quienes desde el Dgcim y Sebin lo facilitan.
Lee la entrevista completa en El País.
