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Han sido innumerables las acciones emprendidas por el régimen instaurado en Venezuela desde finales del siglo pasado para manipular la voluntad de los venezolanos.

Líneas emprendidas para humillar, atemorizar y finalmente obligar por la necesidad a millones de nuestros compatriotas a registrase en listas oficiales y así obtener una especie de bendición oficial para acceder a los bienes de primera necesidad que con los recursos públicos se proveen como milagro providencial revolucionario.

Asi ha sucedido en el pasado con estos mecanismos que se convierten en instrumentos de facto para que una familia tenga que doblar su voluntad, guardando su dignidad en un bolsillo de alma, para ser beneficiada por un subsidio gubernamental.

Otras acciones han sido más bien dirigidas al control negativo de la población, generando listados discriminatorios en los que millones estamos por ejercer un derecho, como fue activar el referéndum constitucional del año 2004 o el intento abortado por la justicia oficialista en 2016.

Asísucedería con vergonzosas listas como las llamadas Tascón o  Maisanta, con múltiples filtros para ingresar en la función pública, institución educativa gubernamental, Fuerza Armada o misión oficial, y aúnmás allá, la negativa a escuchar reclamos de la sociedad, desde la inmediatez de una protesta en las calles hasta la solemnidad de una acción judicial en contra del Estado Venezolano.

Ejemplo de ello fue el llamado Juicio del Agua, acción de defensa de derechos cívicos, en el que un grupo de ciudadanos acudimos a la Sala Constitucional del TSJ en  búsqueda de la protección del derecho humano fundamental a disponer del vital líquido en condiciones aptas para consumo humano. Esa acción inédita, pero muy bien sustentada con el apoyo técnico de profesionales especialistas en la materia ambiental y sanitaria, fue desconocida y rebajada a ser conocida por un tribunal de municipio como una simple de reclamación de indebida prestación de servicio público.

Ahora lo último que enfrentamos los venezolanos es el intento del régimen de empadronar a la población con el llamado “carnet de la patria” mediante el cual se pretende condicionar la recepción en la distribución de alimentos, medicamentos y otras ayudas necesarias en tiempos de la mayor crisis humanitaria que ha vivido el país.

Nueva fórmula macabra de discriminación de millones de venezolanos que buscamos el cambio en el país, que nos lleve a superar este oscuro tiempo, en el que nos sumergieron insurgentes por las armas que utilizaron la oportunidad brindada por la Democracia para secuestrar a un país y llevarlo  a vivir las más terrible penuria colectiva de su Historia Republicana.

Rechazar colectiva y contundentemente este nuevo oprobio nacional y golpe a nuestra dignidad es imperativo en la Venezuela de hoy, que se asoma, golpeada pero firme, al alba que anuncia un nuevo amanecer.

LUCIO HERRERA GUBAIRA.




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