El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) ha registrado al menos 76 detenciones arbitrarias en los estados Mérida, Táchira y Trujillo, ocurridas en el contexto de manifestaciones sociales en rechazo a las irregularidades cometidas durante y después de las elecciones presidenciales, entre el domingo 28 de julio y las 7:00pm del martes 30 de julio.
Entre los detenidos se encuentran tres miembros de la Universidad de Los Andes: el profesor del departamento de Ciencias Sociales Gustavo Torres, el estudiante de medicina Gerson Morillo y el estudiante de Comunicación Social Paúl León, todos del Núcleo Rafael Rangel del estado Trujillo.
La cifra corresponde a la sumatoria de reportes hechos por la ONG Foro Penal, abogados del ODH-ULA, la Red de Derechos Humanos de Trujillo y la información difundida por el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral de Mérida (ZODI). Además, el informe arrojó que la mayor cantidad de detenidos en la región andina del país, se concentra en el estado Trujillo con 50 detenidos, seguido por Mérida donde hubo 22 detenciones, 10 de los cuales son adolescentes y Táchira con 4 detenidos
En Táchira, la coordinadora regional del Foro Penal, Raquel Sánchez, dijo a la prensa el 30 de julio que, extraoficialmente, han recibido denuncias que sumarían 18 detenciones cometidas solo el domingo 28 de julio, pero no han podido confirmarlas. En Mérida, por su parte, 17 de las 22 personas detenidas fueron presentadas ante tribunales en el Circuito Judicial Penal del estado.
65 irregularidades durante el proceso electoral, un asesinato y 71 manifestaciones sociales tras el anuncio de resultados por el CNE
Además, el ODH-ULA registró 65 irregularidades y violaciones de derechos humanos cometidas en la región andina durante el proceso electoral, entre el viernes 26 de julio durante la instalación de las mesas de votación, hasta el día de la elección, el domingo 28 de julio. Los registros incluyen impedimentos a miembros y testigos de mesa para acceder a centros de votación; retrasos en la apertura de centros de votación; amedrentamientos, agresiones físicas y verbales y coacciones a electores para que votaran por el candidato a la reelección; mal funcionamiento de máquinas electorales; presencia de puntos de partidos políticos a menos de 100 metros de centros de votación y limitaciones al trabajo de la prensa. Los agresores fueron efectivos militares y policiales, miembros de centros de votación y simpatizantes del oficialismo, algunos de estos últimos armados.
El registro de violación de derechos humanos más grave fue el asesinato de Julio Valerio García, de 40 años de edad, el mismo sucedió mientras esperaba junto con otras personas el conteo de los votos emitidos en el centro de votación Escuela Jhon F. Kennedy, ubicado en el municipio Guásimos del estado Táchira.
El registro total del ODH-ULA incluye un total de 71 manifestaciones: 47 en el estado Mérida, 15 en Trujillo y 9 en Táchira. Esta documentación se hizo mediante los reportes ciudadanos hechos en redes sociales y publicaciones de medios de comunicación social, que fueron confirmados por el equipo de monitoreo. Las detenciones arbitrarias registradas se ejecutaron en su mayoría en el contexto de esas manifestaciones y en al menos siete hubo represión por parte de funcionarios militares y policiales.
El ODH-ULA también expresó que recibió denuncias de amedrentamientos y amenazas dirigidas por mensajes de texto contra estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la ULA, mientras que la ONG Aula Abierta documentó represalias contras estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad del Zulia (LUZ).
El observatorio a través del informe rechazó y denunció las violaciones de derechos humanos: “Desde el derecho a la vida hasta los derechos de participación política, cometidas por funcionarios del Estado venezolano y por civiles afectos al régimen de Nicolás Maduro en el marco de las elecciones presidenciales realizadas este 28 de julio”.
Además, finalizan el informe asegurando que “la ausencia de pruebas auditables que respalden los resultados anunciados por el CNE son la principal causa del malestar ciudadano que se refleja en la realización espontánea de manifestaciones sociales, en su mayoría pacíficas. Reprimir y criminalizar estas manifestaciones deslegitima aún más el régimen de Nicolás Maduro ante el país y la comunidad internacional, sumando nuevas agresiones que podrían formar parte de la investigación que realiza la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela”.
