(Foto archivo).

La Fiscalía y el Ejército de Colombia ocuparon 47 propiedades de presuntos testaferros de los frentes 44 y 48 de la exguerilla de las FARC, valuados en más de 15 mil millones de pesos; unos 5,1 millones de dólares.

Las propiedades, que serán sometidas a un proceso de extinción de dominio (embargo), están ubicadas en los departamentos de Amazonas, Cundinamarca, Meta, Risaralda, Putumayo y Valle del Cauca, señaló la Fiscalía en un comunicado.

En una operación, fiscales de la Dirección de Extinción de Dominio e integrantes del Ejército se incautaron de bienes del desmovilizado Frente 48 del Bloque Amazónico de las FARC, presuntamente «obtenidos con dineros ilícitos».

Los inmuebles, 24 urbanos, 5 rurales, 9 sociedades y 1 establecimiento de comercio, valuados en 15 mil millones de pesos, están ubicados en las localidades de Leticia, Chía y Bogotá, así como en Pereira, Orito y Puerto Asís.

Según la Fiscalía, la investigación se inició a partir del testimonio de un desmovilizado que señaló a cinco personas como integrantes de la comisión de finanzas del frente 48 y quienes recibían recursos «producto del narcotráfico en pequeños montos».

El organismo explicó que los recursos «eran destinados a la compra de material de intendencia, víveres y medicamentos, o insumos para el procesamiento de drogas ilícitas».

La información agregó que las personas señaladas, identificadas como Édgar Herrera, Irene Arcila, Gladys Romo, José Armando Tovar y Guillermo Ruiz, camuflaban la droga producida por la organización en troncos de madera huecos que transportaban desde el Amazonas.

El alcaloide lo enviaban a bodegas de las empresas en Bogotá y el Eje Cafetero, añadió el comunicado.

En otro operativo fueron decomisados dos vehículos, cinco embarcaciones y un inmueble urbano valuados en 600 millones de pesos; unos 204 mil 432 dólares).

La operación tenía como objetivo «descubrir y judicializar a Margarita Gallego Gómez», señalada de pertenecer a un grupo de testaferros de las FARC, precisó la comunicación.

La Fiscalía detalló que, según las investigaciones, Gallego presuntamente recibía efectivo o base de coca como pago para transportar mercancías o remesas por el río Guaviare.

Las FARC firmaron en noviembre del año pasado un acuerdo de paz con el Gobierno y ahora convertidas en partido político están inmersas en un proceso de retorno a la vida en sociedad.




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