La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera que la implementación de la Ley de Amnistía en el país es “positiva”. Criticó, no obstante, que este instrumento legal no reconoce la responsabilidad del Estado por las violaciones de los derechos humanos.
En la presentación, en Ginebra, este jueves 12 de marzo de una actualización oral de la situación de derechos humanos en el país, que abarca desde septiembre de 2025, la misión señaló que el instrumento fue adoptado en un plazo acelerado y no contempla procesos transparentes e integrales. Según cifras del gobierno interino de Delcy Rodríguez se han otorgado más de 247 libertades de presos políticos.
“No se reconoce a las víctimas de la represión a las que se les sigue catalogando como delincuentes”, dijo María Eloisa Quintero, representante de la misión. Estuvo acompañada por su par Alex Nave.
Ley de Amnistía no reconoce responsabilidad del Estado
La abogada y experta en derecho internacional señaló que la Ley de Amnistía, aprobada por mayoría parlamentaria, tiene un alcance restrictivo y que limita los delitos. También recalcó que excluye a un gran número de personas detenidas, como por ejemplo militares y civiles que han sido señalados por el gobierno de participar en actos de rebelión y similares. Se les acusa de delitos que generalmente son usados por las autoridades para detenerlos, a pesar de no haber pruebas.
“Reiteramos el llamado para que todas las personas detenidas sean liberadas. No se requiere de esta Ley (de amnistía) para excarcelar a quien ha sido privado de libertad ilegítimamente”, apuntó Quintero durante su intervención.
La misión también cuestionó la falta de información oficial sobre los datos de personas excarceladas y de presos políticos. “Las cifras no pueden ser corroboradas”, señaló Quintero.
Continúan patrones de violaciones de DDHH
El organismo recalcó que durante este periodo se evidencia una continuidad de patrones de violaciones de derechos humanos. "Desde septiembre a diciembre de 2025 se documentaron 135 detenciones arbitrarias en las que hubo la aplicación de tratos crueles, inhumanos y degradantes".
La misión señaló que un tercio de las personas detenidas eran familiares de quienes eran buscados por las autoridades, entre ellos 8 niños.
Durante este periodo de investigación, el organismo registró tres muertes bajo custodia del Estado y que estos decesos pudieran derivarse de condiciones de salud que no fueron atendidas en los centros de reclusión.
Siguen las violaciones de DD. HH.
La misión informó que desde el 3 de enero de 2026, cuando se produjeron los ataques militares estadounidenses, continúan recibiendo denuncias sobre graves violaciones de derechos humanos en el país.
El organismo de la ONU indicó que al menos 87 personas fueron detenidas después del 3 de enero de 2026. Entre ellas destacaron14 periodistas o trabajadores de la prensa que se dispusieron a informar sobre la toma de posesión de la presidenta interina Delcy Rodríguez.
Quintero indicó que 27 personas fueron arrestadas por supuestamente celebrar la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, por parte del gobierno estadounidense. De esos detenidos al menos 15 eran adolescentes.
La misión también destacó en su actualización oral el caso de 30 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que presuntamente fueron arrestados luego de que estos se negaran a “falsear” la evidencia del ataque del 3 de enero. Cabe destacar que el director de la policía científica, Douglas Rico, calificó de “fake news” esta información que circuló en algunos medios de comunicación y en redes sociales.
Quintero señaló que los colectivos armados continúan operando en Venezuela.
Espacio cívico restringido
Durante la intervención, el organismo reiteró que el espacio cívico y democrático continúa restringido en Venezuela. "La sociedad civil, activistas, organizaciones y medios de comunicación siguen siendo objeto de ataques o investigaciones. Las perspectivas de garantías plenas para elecciones siguen siendo remotas”, sumó Quintero.
La misión señaló que no existen indicadores sobre cambios o reformas estructurales. Varios altos funcionarios gubernamentales y militares que, incluso, la misión ha identificado como violadores de derechos humanos, continúan ejerciendo cargos importantes dentro de las instituciones del Estado.
La misión también recalcó que en el país continúan existiendo instrumentos jurídicos que han sido bases para la persecución política. Es el caso de la Ley contra el Odio, que ha sido utilizada, según informes de este mismo organismo internacional, para criminalizar y detener a la disidencia.
Expresaron que con las excarcelaciones cientos de víctimas se han acercado a la misión para denunciar sus casos y exponer los tratos a los que fueron sometidos durante la reclusión. Es por ello que el organismo destacó la importancia de que se siga documentando y apoyando sus labores. “La misión sigue recabando información de hechos recientes y de hechos anteriores”, aseguró Quintero.
EE. UU. violó el derecho internacional
La misión también cuestionó el ataque estadounidense a sedes militares en la región capital de Venezuela, el pasado 3 de enero. Señaló que en la operación para extraer a Maduro y a Cilia Flores murieron 82 personas, entre ellas dos civiles. “Si bien la misión cree que Maduro es responsable de crímenes de lesa humanidad, eso no es motivo para una intervención militar”.
Por último, la misión hizo un llamado a las autoridades del Estado venezolano a la cooperación.
