El viernes 5 de diciembre, el fiscal Tarek William Saab informó sobre los arrestos de cuatro exfuncionarios del Ministerio Público (MP) en el Distrito Capital y el estado Lara. Con esto, al menos 27 abogados con cargos en diversas fiscalías han sido detenidos en el año, aunque el número podría ser superior.
Hasta el 5 de septiembre, 570 exfuncionarios del MP había sido “procesados y judicializados por la comisión de delitos contrarios a la Ley y a la Constitución”. Tres meses después, otros nueve exfiscales han sido señalados públicamente por presuntos delitos relacionados a corrupción y abuso de autoridad.
El último caso corresponde a los exfiscales 30 del Área Metropolitana de Caracas Lenyn Puello, Deide Cabezas y Sabelle Sosa. El grupo fue detenido por supuesto retraso u omisión intencional de funciones y agavillamiento. “Dichos exfuncionarios le solicitaron dinero a un ciudadano con el objeto de desvincularlo de una investigación que se llevaba por el mencionado despacho fiscal”.
Ese mismo día también se informó en la cuenta de Instagram del MP sobre el arresto de la abogada Johanna Elyouri, exfiscal novena del estado Lara, por los supuestos delitos de retraso u omisión intencional de funciones y abuso de autoridad, pues “intentó delictivamente realizar la arbitraria desocupación de personas que se encontraban viviendo en el sector El Ujano (zona este de Barquisimeto)”, pese a circulares directas emitidas por Saab.
Otros detenidos vinculados con el MP
El pasado 2 de octubre se anunciaron las órdenes de arresto en contra de la exfiscal sexta del MP en Lara, Darling Ortiz y su auxiliar, el abogado Jairo González. Ambos fueron señalados de “corrupción propia”, pero en el caso de Ortiz también se agregaron los supuestos de “actos arbitrarios, ultraje al pudor público e incitación al odio”.
Según el exfiscal Zair Mundaray, a Darling Ortiz la acusaron de ultraje al pudor tras la filtración de unos vídeos íntimos. Dichos vídeos habrían sido filtrados “por un general de la Aviación de apellido Infante”, por lo que se invirtió la acusación a la víctima.
Además, Mundaray denunció que Thony Ortiz, el padre de la abogada, de 68 años y con graves problemas cardíacos, fue apresado y se encuentra detenido en un comando policial de Barquisimeto, una práctica que equiparó con el sippenhaft nazi (castigo por relación familiar).
Septiembre: Mes récord de detenciones
Sin embargo, la mayor cantidad de detenciones se reportó a principios del mes de septiembre. Entonces el MP informó sobre 14 detenciones de fiscales sólo en el estado Carabobo, vinculados a una trama de corrupción que, presuntamente, dirigía un abogado de nombre Rafael Reyna.
Según el relato de Tarek William Saab, Reyna –quien había sido apresado el 26 de abril– comandaba a un grupo de exfiscales que “exigían grandes cantidades de dinero a sus víctimas” para manejar casos, experticias y diligencias de investigación, entregar vehículos o manipular el Sistema Integrado de Información Policial. Entre los detenidos estaba el exfiscal superior de Carabobo, Miguel José Durán Trejo.
Extraoficialmente se reportaron otros detenidos o “interrogatorios” que no fueron debidamente informados por el MP. El medio de corte oficialista Últimas Noticias publicó una nota donde se aseguró que el fiscal Farik Mora, señalado como uno de los principales funcionarios que lleva casos de presos políticos, y tres directores de línea del MP fueron “interrogados”.
Entre esos interrogados estaban Marvin Emperatriz González Barrios, directora contra la corrupción, Ángel Fuenmayor, director de delitos comunes, y Orlando Peña, director de delincuencia organizada.
La organización Provea, con base en información extraoficial, también informó que el juez Ángel Betancourt Martínez, a cargo del Tribunal Tercero de Control del Área Metropolitana de Caracas con competencia en terrorismo, fue detenido.
En redes sociales también se reportó los arrestos del fiscal nacional Moisés García, la presidenta del circuito judicial de Nueva Esparta, Patricia del Valle Marcano Marcano, la asistente de la magistrada presidenta de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Bárbara Gómez, así como la jueza rectora del estado Bolívar, Yaritza Yileida Godoy, el presidente del circuito penal de esa entidad, Carlos Retiff, y el fiscal superior Luis Roa.
Pese a las informaciones esporádicas del MP, se desconoce el avance de estos casos, los tribunales encargados de procesar judicialmente a estas personas o si alguno de estos fiscales ya ha sido condenado.
