El patrón de persecución selectiva se agudizó en Venezuela durante octubre, con al menos 15 detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas documentadas hasta el 21 de octubre, según un informe de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP).
Estas acciones, dirigidas contra profesionales, activistas sociales, líderes gremiales, defensores de derechos humanos y ciudadanos involucrados en labores comunitarias o políticas, se enmarcan en una intensificación de la represión estatal que coincide con momentos de esperanza nacional, como la reciente canonización de San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles.
El reporte de JEP detalla casos emblemáticos de detenciones que ilustran la brutalidad del fenómeno. En el estado Lara, tres miembros de una misma familia fueron privados de libertad en un operativo sin orden judicial aparente. En Trujillo, un líder social y dirigente político fue arrestado, sumándose a una serie de capturas en la región que ya ascienden a nueve desde septiembre.
Mientras tanto, en Mérida, un médico y dos abogadas enfrentan la incomunicación total, con familiares denunciando la falta de información sobre su paradero y situación jurídica. «En varios de estos casos, los parientes han reportado la ausencia de cualquier notificación oficial, lo que configura una desaparición forzada», enfatizó la organización en su comunicado.
Durante el mes de octubre de 2025 se ha documentado un incremento sostenido de detenciones arbitrarias y desapariciones en distintas regiones de Venezuela. Estos hechos conforman un patrón preocupante de persecución selectiva dirigido contra profesionales, activistas sociales,… pic.twitter.com/haivimM9uw
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) October 21, 2025
Otras cifras de detenciones
Esta ola represiva no ocurre en el vacío. Según datos del Foro Penal, una de las principales ONG dedicadas a la defensa de presos políticos, el número total de detenciones por motivos políticos en Venezuela alcanzó los 866 al 20 de octubre, un incremento de 21 detenciones en la última semana sin una sola excarcelación.
De estos, 758 son hombres y 108 mujeres; 693 civiles y 173 militares; 862 adultos y cuatro adolescentes. Además, 38 personas permanecen en paradero desconocido, y 97 detenidos tienen nacionalidad extranjera.
El Foro Penal ha asistido gratuitamente a más de 14.000 víctimas desde 2014, cuando se registraron las primeras detenciones masivas, totalizando 18.532 arrestos políticos hasta la fecha. La ausencia de transparencia oficial agrava la crisis.
Las autoridades no proporcionan información sobre los motivos de las detenciones ni permiten el acceso a defensa técnica, violando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
«El Estado venezolano está obligado a informar de inmediato sobre las causas de la privación de libertad y a facilitar la comunicación con familiares y abogados. Su omisión expone a las víctimas a tratos crueles, inhumanos o degradantes», advierte JEP en su exhorto a las instituciones.
Efecto Cocuyo
