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La comisión del Parlamento denunció hoy graves violaciones a los derechos humanos durante el operativo en el que murieron el expolicía Óscar Pérez y otros seis miembros de un grupo que se alzó contra el Gobierno, además de 31 detenciones arbitrarias de allegados a los fallecidos.

La comisión del Parlamento, órgano de mayoría opositora, encargada de investigar el caso denunció también serias amenazas contra los familiares de los sublevados muertos y allanamientos sin orden judicial.

Todo esto constituye sin duda alguna una gravísima violación de derechos humanos, apuntó la presidenta de la comisión, la opositora Delsa Solórzano, durante la presentación del informe preliminar sobre los hechos en El Junquito, la zona de las afueras de Caracas donde Pérez y los otros seis miembros de su grupo murieron hace una semana.

Solórzano indicó que han sido arrestados familiares directos e indirectos así como amigos cercanos “de las víctimas de la masacre”, como la oposición califica la actuación de las fuerzas del Estado en esa operación, y que se desconoce el paradero de algunos de los detenidos.

“Han sido amenazados los familiares, hay serias amenazas en contra de varios familiares, de varios amigos cercanos e incluso de los empleadores de las personas asesinadas”, señaló.

Solórzano denunció también “allanamientos de morada sin orden judicial y lesiones gravísimas en contra de varios ciudadanos a los cuales fueron simplemente a interrogarlos sobre su relación personal con los fallecidos”.

Recordó que seis de los siete miembros del grupo fallecieron, según el acta de defunción, por un disparo en la cabeza algo que, afirmó, constituye un “patrón” y genera “dudas”.

“¿En qué momento murieron? ¿Después de recibir los disparos con el arma militar?¿Murieron con el RP3 lanzacohetes o murieron después ajusticiados?”, se preguntó e informó que hoy mismo solicitarían a los organismos estatales encargados protección e indemnizaciones para los familiares de los fallecidos.

La integrante del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) informó que pedirán una autopsia a los cuerpos y comentó que las solicitudes hechas tanto al Ministerio Público como a la Defensoría del Pueblo sobre el caso no han recibido respuesta.

Poco después de la presentación del informe de la comisión parte de la oposición convocó a una manifestación en la Universidad Central de Venezuela para rendir homenaje a los siete fallecidos, llamado al que acudieron decenas de personas encabezadas por la exdiputada María Corina Machado.

“El mejor tributo es luchar sin descanso y derrotar esta tiranía, hoy los venezolanos decimos que sus sacrificios no serán en vano”, dijo Machado durante su discurso ante un centenar de simpatizantes.

“La opción es la lucha, la lucha continua, la lucha creciente”, apuntó.

Más tarde se dio un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad presentes y un grupo de jóvenes que cortó varias calles aledañas a la universidad y que fue dispersado con gases y perdigones tras el lanzamiento de piedras por parte de los manifestantes.

Hace una semana el grupo liderado por Óscar Pérez fue acorralado en un chalet en El Junquito, a las afueras de Caracas, desde donde el exinspector de la policía científica utilizó las redes sociales para informar que deseaba negociar su entrega a las autoridades.

El despliegue policial finalizó con la muerte de todos los integrantes del grupo señalados como terroristas por el Gobierno y de dos agentes.

Pérez se rebeló contra el Gobierno encabezado por Nicolás Maduro en junio pasado, cuando sobrevoló el Tribunal Supremo de Justicia con un helicóptero policial y contra el que disparó y arrojó granadas sin causar heridos o muertos.

Desde entonces, grabó desde la clandestinidad varios vídeos en los que pedía un alzamiento popular contra el Gobierno.




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