Garantizar el acceso a la información y mayores medidas de transparencia para un proceso de vacunación equitativo y sin discriminación es uno de los principales desafíos en materia de derechos humanos que plantea la pandemia, analiza Pedro Vaca, abogado constitucionalista y relator para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos.
El especialista colombiano, que ha construido una carrera en favor de los derechos comunicacionales en entornos tradicionales y digitales, sostuvo una conversación con Prodavinci y enfatizó que los países de las Américas deben ofrecer mayores garantías para la protección de los periodistas que cubren la pandemia, establecer mecanismos que contrarresten la desinformación y promover una apropiación social de los valores democráticos en internet.
Mostró su preocupación por las acciones judiciales que han afectado al diario El Nacional, en Venezuela. Recordó que el rol de las instancias judiciales no debe ser castigar a los medios.
¿Cuál ha sido el mayor desafío del derecho a la información durante la emergencia sanitaria por la COVID-19?
La pandemia ha afectado el Estado de derecho en los distintos países de Las Américas. Tenemos poderes ejecutivos que han acudido a artículos excepcionales de sus constituciones. Esto les da facultades extraordinarias a los gobiernos para proceder con mayor discrecionalidad. Podríamos tender a pensar que es algo razonable, en la medida que la pandemia ha conllevado a la toma de decisiones mucho más rápidas. La aspiración es que las medidas oficiales para atender la pandemia y que afectan a los ciudadanos se tomen con mayor transparencia y garanticen el acceso a la información. Lo que notamos es que si bien las autoridades acuden a esta excepcionalidad y a tener más facultades, no necesariamente esto está acompañado de mayor disponibilidad de información para los ciudadanos.
¿Cuáles son los principales riesgos que ha enfrentado el ejercicio del periodismo en América Latina durante la pandemia?
Durante la pandemia, los periodistas se han enfrentado a diversas dificultades, como poder ir a una rueda de prensa, poder acceder a la información, contrastar hechos y preguntar. Esto se ha vuelto un desafío importante, según lo que hemos registrado en distintos países de la región.
Por eso, básicamente, debemos volver a lo fundamental: el Estado tiene que estar abierto al escrutinio, y ahí la distinción sobre la difusión de información de interés público —de las acciones del Estado frente a la pandemia— del contenido de la propaganda estatal. Esta discusión no está suficientemente comprendida en la región.
A las restricciones para la cobertura periodística se suman los efectos de contaminación de la agenda pública, como la infodemia o la circulación de información falsa ¿Cuáles son los principales factores de preocupación al respecto?
Preocupa el fenómenos de la desinformación vinculada a los contenidos de la pandemia en general, y especialmente sobre el proceso de vacunación. Según las disposiciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los Estados tienen la obligación de contrarrestar la desinformación y brindar proactivamente información que genere confianza y esté basada en la evidencia científica. Esto ayuda a garantizar el debate público con respecto a la información relacionada con los planes de vacunación y las expectativas que tienen los ciudadanos.
¿Cuáles son las buenas buenas prácticas a las que se puede recurrir para garantizar las libertades informativas durante la pandemia?
Es difícil hablar de buenas prácticas, porque los niveles de incertidumbre y de cambios en este entorno de pandemia han sido enormes. De hecho, hay más preocupaciones que buenas prácticas. Por ejemplo, toda la discusión que hay en torno a la información y la privacidad de los ciudadanos a través de la data que se está recolectando —mediante las plataformas y aplicaciones digitales— es una cuestión inconclusa y esto, naturalmente, afecta el derecho a la libertad de expresión presente y futura. Preocupa que puede haber altísimos niveles de parametrización de personas, sin que sea muy claro cuál puede ser el uso futuro de esta información —con los datos que datos que se recogen a través de redes sociales o herramientas de georreferenciación o de rastreo de las condiciones durante la pandemia—. Con ello se compromete la vida e intimidad de las personas.
¿Cuál es la tarea más urgente en materia de libertad de expresión?
Es importante preservar el periodismo profesional frente a la pandemia. Que el periodismo pueda hacer una cobertura con total libertad y que pueda tener recursos suficientes. Un desafío fundamental es evitar que la publicidad oficial se siga utilizando como una moneda de chantaje para premiar la complacencia y silenciar la crítica.
Por otra parte, el poder judicial en Estados democráticos ha sido un actor que compensa los abusos de poder, que trata de que ciertas restricciones a la libertad de expresión puedan dirimir de acuerdo a los estándares internacionales.
Con mayor actividad digital e interacción social en la red en este último año y medio, ¿existe mayor libertad para los ciudadanos en internet?
El punto de partida para analizar internet es desde su potencialidad. Hoy muchas más voces pueden expresarse y hay un número infinito de posibilidades de conversar sobre asuntos de interés público, y eso es bueno para las democracias. Eso, obviamente, tiene unos desafíos y creo que todas las sociedades democráticas o no, están muy preocupadas sobre el impacto que puede tener la conversación digital sobre la institucionalidad.
No solo hay que estar preocupados por la conectividad en internet, sino por la apropiación social de valores democráticos en internet. No le hace un favor a la vida democrática que voces con liderazgo público, con cargos de responsabilidad animen el ejercicio de la violencia a través de internet. Hay una tentación de quienes aspiran a ocupar cargos de elección popular o que representan identidades políticas de evadir la controversia y la deliberación. Esto termina, cada vez más, aislando a opciones de la sociedad de dialogar con otras. Esto tiene muy preocupados a los Estados incluso con gran tradición democrática. Vemos cómo Uruguay, que solía ser un país con balances positivos en materia de libertad de expresión, tiene ahora estas preocupaciones. Aquí el deber de cuidar el debate público, por parte de los actores de poder, se hace cada vez más importante.
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