En Venezuela persisten las violaciones al debido proceso y la falta de garantías procesales en casos de presos políticos militares venezolanos, en proceso de juicio y condenados, denunció la abogada Neida Pérez Morillo, quien es defensora privada de presos políticos militares y directora de la ONG Justicia Venezolana.
A propósito del reciente actualización del informe sobre Venezuela de la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, la jurista precisó que la situación de varios efectivos castrenses es de hacinamiento en centros de detención preventiva o sedes de cuerpos de inteligencia, pese a haber sentencia firme que deben cumplir en cárceles militares.
Asimismo, Pérez Morillo alertó que no se cumplen al 100% los avances presentados por Bachelet, puesto que hay oficiales a los que se les sigue limitando la visita de familiares y en el caso de la defensa los obligan a estar acompañados.
«La Comisionada en su reporte manifestó que su delegación en el país ha podido visitar centros de detención, aún esperamos el seguimiento a la cárcel de Ramo Verde, donde no hay visitas familiares regulares y los abogados debemos estar acompañados de un jurídico, sin privacidad con los detenidos», expuso la vocera de Justicia Venezolana.
Ante estos hechos, hizo público mediante una nota de prensa el planteamiento de su organización, de que se instalen mesas técnico-jurídicas entre los representantes de la ONU y todas las ONG que hacen vida en el país, con la finalidad de que puedan conocerse y hacerse seguimiento a todos los casos de presos políticos, civiles y militares.
